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Para el colombiano promedio, el principal motivo de preocupación actual es la falta de empleo y de remuneraciones adecuadas. Los ciudadanos reclaman además la acción del Gobierno para enfrentar los problemas de empleo. A pesar de las circunstancias, no deja de sorprender que a estas alturas de la historia una porción muy importante de la población considere que es responsabilidad del Gobierno "darles trabajo a todas las personas que quieran trabajar" y una cantidad semejante crea que también es su responsabilidad "proporcionar un nivel de vida decente a los empleados".

Tal como a menudo se afirma, en Colombia se respira un ambiente de pesimismo sobre el progreso económico y social, que se manifiesta en el hecho de que un número considerable de nacionales cree que el país está igual o peor a finales de 2009. No hay duda de que tal cosa se debe en buena medida a que consideran que los problemas de empleo no están resueltos, ni en camino de alcanzar los objetivos trazados de tiempo atrás. Mientras que el ciudadano promedio encuentra preocupante la falta de empleo y de remuneraciones adecuadas, los empresarios se quejan por las deficiencias de oferta laboral, la inadecuada formación de los trabajadores y los altos costos imputables a la creación de puestos de trabajo.

Infortunadamente, a pesar de la estabilización macroeconómica y las reformas introducidas a la legislación, las dificultades en materia de empleo han persistido. En la década anterior, el crecimiento del empleo fue bastante pobre, inclusive hubo años en que se estancó; la informalidad aumentó de manera sensible y los incrementos de salarios reales favorecieron en particular a los trabajadores calificados. Esta paradoja debe ser explicada, pues no hay razones contundentes sobre su persistencia y prolongación en el tiempo.

Actuando dentro de esa línea, cabe señalar que el mecanismo de transmisión que relaciona las nuevas políticas macro con los resultados ha sido el siguiente: la estabilización y las reformas han producido entradas de capitales y apreciación cambiaria; han reducido el costo de uso del capital y elevado la productividad de los factores. Como resultado, los precios relativos se han movido a favor de los sectores no transables y se han elevado los inventarios de capital físico como proporción del Producto Interno Bruto.

En materia laboral, esto ha producido cuatro efectos: ha aumentado la participación del empleo en no transables en respuesta a las señales de precios relativos y al uso más intensivo de maquinaria en los sectores transables. (A esto cabe agregarle las enormes ventajas tributarias.) La informalización se ha elevado debido a las características de los empleos en los sectores no transables y a la caída relativa en la demanda de mano de obra no calificada. La demanda laboral se ha desplazado hacia el trabajo calificado debido al aumento de los inventarios de maquinaria, a la adopción de nuevas tecnologías y a la expansión de los sectores no transables, que utilizan más intensivamente trabajadores calificados.

Por último, se han ampliado los diferenciales debido al aumento en la demanda relativa de trabajo calificado.

Las reformas estructurales y, en especial, la mal llamada apertura no han tenido el efecto de elevar la demanda y las remuneraciones relativas del trabajo no calificado como se pregonó con insistencia a la luz de las teorías convencionales de ventajas comparativas en el comercio internacional. De nuevo nos toca explicar por qué no ocurrieron las cosas.