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Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp): apenas comienza el relato de una política pública que tendrá un decisivo impacto en el bienestar de la gente bogotana. Lo que aquí ocurra se va a sentir en todo el país. Otras ciudades de Colombia y del mundo estarán atentas a los acontecimientos en este altiplano.

Hoy día, la administración distrital prevé que el Sitp estará emplazado en la capital antes de la próxima elección de Alcalde. Apenas a tiempo para cerrar la administración Moreno. Lo que se espera, claro, es que el impacto en el bienestar sea positivo; que no sea un desastre logístico, o financiero, o de justicia social; que no sea un factor de retraso de la economía bogotana. Que no sea agente de desorden o de agitación y violencia callejera. Un traspié, o un fracaso del Sitp, asegurarían la caída del Polo como partido de gobierno en el Distrito, y bloquearían una pretensión presidencial de Samuel. La apuesta ciudadana, económica y política es muy alta.

Hay multitud de asuntos críticos en esta revolución. Menciono sólo uno en esta última nota (por ahora) sobre el futuro de la movilidad bogotana. Se trata de la incertidumbre de la comunidad de propietarios de vehículos, que son más de catorce mil según la información disponible. Hoy, las cuentas típicas del propietario de un bus urbano en Bogotá pueden ser las siguientes: el ingreso operativo neto mensual, que va al bolsillo del propietario, ha de ser de unos tres millones de pesos. Aquí no se tiene en cuenta aún el costo de la depreciación, ni el impuesto de renta debido, ni los cargos por reparaciones mayores, pero la suma entera queda bajo el control de los propietarios.

En el mundo del Sitp, ese mismo vehículo generaría para la cuenta del propietario una suma no superior a un millón o un millón y medio de pesos. La depreciación, el impuesto de renta, el costo laboral pleno asociado al manejo del bus, las reparaciones mayores, quedan en las cuentas de la empresa operadora.

Dentro de la precariedad institucional de hoy, los propietarios no pagan íntegramente el impuesto de renta debido; la reposición de los vehículos tiende a estar en manos del azar, como ahorro voluntario. En el nuevo sistema habrá plena formalización contable, laboral y tributaria y la vida útil de los vehículos será sustancialmente más corta que la establecida hoy en las normas (los costos de reposición serán mucho mayores y estarán bajo el control de las empresas operadoras). En otras palabras, en 2011 comenzará un periodo de transición en la que la figura del propietario individual va a desaparecer en la práctica. Sería oportuno que la administración distrital validara o negara la certeza de estas cifras.

A los pequeños propietarios actuales se les ofrecerá convertir sus vehículos en acciones de las operadoras; ello, francamente, no es más que una caricatura en una sociedad cuyo patrimonio de arranque debe ser de varias decenas de miles de millones de pesos. El destino fatal de las nuevas empresas del Sitp será el de quedar bajo el control de accionistas de gran tamaño relativo. Los pliegos de condiciones de la licitación admiten otras figuras de vinculación de los propietarios a tales empresas, pero en todo caso la expectativa de ingresos en los bolsillos de esa comunidad tendrá que caer radialmente.

La modernización es urgente, es razonable, es una obligación con la ciudad. Pero será necesario, en nombre de la justicia social, escuchar las voces de esta comunidad que es realmente el eslabón más débil de la cadena del transporte público colectivo y que requiere una transición social apacible.

cgonzalm@colomsat.net.co