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Desde el 2004 se sabía que abogados de Córdoba y Antioquia estaban solicitando y obteniendo planes de pensiones anticipadas y reintegros (a sindicalistas y madres cabeza de familia, ex empleados de esa empresa) que, en criterio del Gobierno, no cumplían los requisitos de Ley.

Incluso, EL TIEMPO señaló en ese momento a Juan Guillermo Herrera -especialista en derecho laboral- como uno de los cerebros de los cobros de pensiones quien ya había logrado que seis magistrados del Tribunal de Medellín lo respaldaran en su tesis. Para entonces, se habían pagado 13 mil millones y había procesos por 47 mil millones más.

Eso significa que la cifra del desfalco se quedó corta. Con lo que se ha pagado desde el 2004, el hueco ya alcanza los 120 mil millones de pesos.

Es más, una proyección realizada hace 5 años por el entonces liquidador de Telecom, Javier Lastra, dice que el boquete podría costarle al erario 2 billones de pesos si no se detiene. Cadena de abogados

Paradójicamente, Lastra estuvo cuatro veces preso por no acatar esas tutelas. Y hoy está siendo investigado por fraude a resolución. ¿Por qué no se hizo nada en ese momento? ¿Por qué no se han instaurado denuncias contra los supuestos responsables? (ver: '¿Qué ha hecho el Gobierno?").

El lío es que ahora no es uno sino 15 los abogados que se dedican a hacer este tipo de cobros. Una de ellas es Stefanie Córdoba, quien incluso logró que el juez 5 civil municipal de Montería ordenara que el pago saliera a nombre de ella: 4 mil 621 millones.

Es más, varios de los abogados expertos en este tema se conocen entre sí y hasta se sustituyen poderes. Por ejemplo, el pionero de estas tutelas viajó a Montería para que su colega Luz Estela Gutiérrez le ayudara con unos procesos.

Y, a su vez, Gutiérrez trabaja con otros tres abogados dedicados a lo mismo: Saín Mendoza, Maira Galarcio y Dennis González. Este grupo ha logrado que se les apruebe tres tutelas, que benefician a 84 ex empleados y que le han costado al erario 30 mil millones.

Otros abogados son el ex candidato a la alcaldía de Montería en el 2007, Luis Florez Pertuz, y el ex gerente de Telecom en esa ciudad, Juan Carlos Díaz Gómez. Todos, sin excepción, aseguran estar ciñiéndose a la ley y que sus reclamaciones están sustentadas en el acta 1782 -firmada en febrero del 2003 por la Junta Directiva de Telecom-, en la que se les ofreció a los empleados acogerse al plan de pensión anticipada: "Lo firman los cinco miembros de junta, encabezados por el señor Ramiro Dávila Dangond".

Dicen estar tan seguros de la legalidad de las tutelas que el grupo de la abogada Gutiérrez llegó hasta el despacho de la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, para radicar una carta en la que califican como un atentado a su buen nombre el hecho de que se tilde el caso como un desfalco de un cartel de abogados.

"No se puede generalizar, si hay problemas, que los denuncien con nombres propios -dice-. No somos un cartel. Y nos parece un irrespeto que esté calificando a funcionarios de ilegales. Es una intromisión en la Justicia" (ver: Que señalen con nombre..."). En igual sentido se pronunció Luis Castillo, juez promiscuo de Ayapel (Córdoba), quien ha ordenado pagos por 23 mil millones de pesos: "Los procesos que salen son con criterios jurídicos y pruebas. Lo que hice fue ordenar que se les ofreciera a los ex trabajadores el plan de pensiones, como a otros, en el 2003". Lo cierto es que si las tutelas no paran, los desembolsos pueden alcanzar fácilmente los 2 billones proyectados.