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Está sobre el tapete la discusión acerca de si se puede considerar que la economía colombiana esté emergiendo de la recesión, una vez se conozca el dato del comportamiento del PIB en el tercer trimestre del año en curso.

El rango de variación para todos los analistas consultados (ver PORTAFOLIO/16/09) oscila entre un valor negativo de -0,69 puntos y uno positivo de 1,2. En caso de registrarse un dato positivo, se rompería la tendencia negativa de los tres trimestres anteriores (último de 2008 y dos primeros de 2009) y por lo tanto se aceptaría que nuestra economía estaría en una fase de muy tímida recuperación.

Sin embargo, lo que es aplicable en países desarrollados no lo es para países como Colombia, donde año tras año es imperativo crecer no sólo por el cúmulo de necesidades básicas por satisfacer, sino muy especialmente porque año tras año también la población va en aumento, así sea en menor proporción a épocas anteriores.

En un país prototipo de Europa Occidental un pequeño crecimiento en el PIB puede ser considerado satisfactorio en la medida en que el número total de sus habitantes se mantiene estable o incluso disminuye ligeramente.

En el caso colombiano la situación es muy diferente. Ninguno de los pronósticos -aún los más optimistas- llega siquiera a cubrir el aumento poblacional, muy cercano al dos por ciento, según el censo de 2005.

La discusión, entonces, sobre si se quiebra la tendencia negativa de los últimos tres trimestres, es francamente bizantina. En términos per capita se va a perder todo el 2009 y muy seguramente también el 2010. ¿Qué sentido tiene entonces hablar de recesión o de recuperación, si ni siquiera la economía logra asimilar la mayor oferta de trabajo que periodo tras periodo irrumpe en el mercado laboral?

En otro frente de la vida nacional, el Gobierno Nacional ha revivido la propuesta de separar el Ministerio de Gobierno de su homólogo el de Justicia y el Derecho.

Sin embargo, lo que no tiene presentación alguna en la renovada propuesta es que el argumento central consista en que el Ministerio unificado no ha tenido ni tiempo ni recursos para aplicar una auténtica política criminal.

Esperemos que esta afirmación no sea más que un lapsus línguae, pues los gobiernos se eligen para que en todo momento y en toda su extensión apliquen una acertada política anticriminal en vez de una política criminal.

A no ser de que con la desvertebración del respectivo Ministerio y su consecuente debilitamiento, lo que se pretenda es seguir con prácticas al margen de la ley, denunciadas ante la opinión pública -nacional e internacional-, como los 'falsos positivos', la interceptación ilegal de llamadas a magistrados y ciudadanos del común o la compraventa de notarías para asegurarse la aprobación de proyectos de ley de interés partidista.

Entre política criminal y política anticriminal, hay un inmenso abismo, y sería bueno hacer claridad de qué lado estaría el nuevo Ministerio.

En su texto clásico escrito hace más de medio siglo, el gran macroeconomista Paul Samuelson redactó que la única definición acertada de largo plazo es la de que dicha instancia corresponde al periodo de tiempo en que todos estaremos muertos.

Para infortunio de sus millones de admiradores regados por el mundo entero, Samuelson ya entró a hacer parte del largo plazo, pero la economía celestial cuenta ahora con un consejero de lujo.

gpalau@urosario.edu.co