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Pese al tiempo que lleva la ley de haber sido aprobada, a los trabajadores más pobres, clasificados en los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, aún no se les abren las puertas para la cotización a salud y pensiones, o a las anunciadas cuentas de ahorro para ellos y la población informal que permitirían que reciban una mesada inferior al salario mínimo.

Quienes siguen a la espera son trabajadores por cuenta propia, jornaleros o peones y servicio doméstico, que son más de la mitad de los ocupados en el país y pueden considerarse informales. El gobierno se puso varias fechas para que se aplicaran los nuevos beneficios, como agosto y luego noviembre.

Ahora, el viceministro Técnico de la Protección Social, Carlos Jorge Rodríguez, considera que antes de finalizar el primer semestre estará superado el asunto con un decreto que está siendo elaborado por el Ministerio de Hacienda.

El Viceministro precisa que el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera deben reglamentar la rentabilidad mínima de los ahorros mencionados y el régimen de inversión al que tendrán que sujetarse las administradoras de cesantías, que son las que manejarán esos recursos.

Sin embargo, y aunque el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, dijo que le trabajan al tema, la solución no parece estar a la vuelta de la esquina, máxime ahora que la cúpula oficial está absorbida capoteando las críticas a los decretos de la emergencia social. Los informales, para los que se pensó esta medida, son el 58 por ciento de los trabajadores de las 13 mayores ciudades.

La cotización que deben hacer los empleadores sobre lo realmente pagado a los trabajadores que laboren por días, de un lado le inyectaría unos pesos al desfinanciado sistema de salud, que fue el motivo principal de la emergencia social. Hoy, las normas obligan a que se aporte para salud y pensiones sobre una base no inferior al salario mínimo.

De otro lado, el aporte patronal a la cuenta de ahorros del trabajador (o las cuentas que abran los independientes) será la cuota inicial que, junto con lo que ahorre su titular, sus rendimientos más los subsidios oficiales, alimentará los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), una especie de pensión que puede ser inferior al salario mínimo.

Antes de la expedición el año pasado de la ley de reforma financiera, el Ministerio de la Protección hablaba de un BEP hasta la muerte del trabajador; no obstante, la presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, advierte que, en principio, los BEP -para los que aún no se ha definido el monto mensual- no pueden considerarse vitalicios y se pregunta qué pasará con el trabajador cuando los ahorros más los rendimientos y los subsidios oficiales se agoten.