Últimas Noticias de Economía y Negocios de Colombia y el Mundo

El sistema de salud está caminando por el borde del precipicio y amenaza con despeñarse, al tiempo que el mercado laboral profundiza la crisis que arrastra hace varios años empujando al alza las tasas de desempleo y el rebusque.

Las finanzas del sistema de salud están a punto de colapsar y para enfrentarlo el Gobierno acude a la figura de la emergencia social; los decretos expedidos bajo su paraguas son objeto de una profunda controversia que lo tiene contra las cuerdas.

Las centrales obreras y otras organizaciones están convocando a protestas contra la emergencia social y la ausencia de una política de empleo; afiliados al sistema de salud con enfermedades de alto costo se reúnen temerosos de que no vuelvan a ser atendidos si no pagan parte del servicio.

Además, la cotización a salud y pensiones para quienes laboran por días y no alcanzan a devengar el salario mínimo mensual, no arranca.

Para el empleo y la indeseable desocupación no hay una propuesta oficial concreta que estimule la creación de puestos de trabajo de calidad y que evite mayores niveles de desempleo, que el año pasado terminó en 11,3 por ciento (2,4 millones de desocupados). 

El Gobierno simplemente confía en que el crecimiento económico, que se anticipa será muy bajo, resuelva el punto.

Sin embargo, es un hecho sabido que en sus inicios la recuperación de la actividad económica no arroja frutos laborales de inmediato, porque el empresariado tiene una capacidad productiva ociosa que pueden poner a funcionar sin aumentar el enganche de trabajadores.

A esos dos aspectos de la política social, que al mismo tiempo son las dos caras de una misma moneda, se les agravó su mala hora.

Radiografía de la salud

Algunas cifras sobre las que se fundamentó la declaratoria de la emergencia social el 23 de diciembre dan una idea muy clara de la magnitud de la crisis de la salud: a mediados del año, la cartera de los hospitales superaba 2,1 billones de pesos; los departamentos les deben a los centros hospitalarios 700.000 millones al tiempo que alegan que no tienen con qué pagar los servicios que no están contemplados en el Plan Obligatorio de Salud ( POS) del régimen subsidiado, el de los más pobres.

El viceministro Técnico de la Protección Social, Carlos Jorge Rodríguez, anota que en el 2008 el Fosyga arrojó excedentes por 1,2 billones de pesos y la misma suma se fue en pagarles a las EPS recobros del régimen contributivo. 

El año pasado, los excedentes bajaron a 900.000 millones, pero los recobros duplicaron este valor.

Para el 2010, se presupuestaron 800.000 millones de pesos para cubrir lo No POS y no hay señales contundentes de que los recobros vayan a disminuir significativamente.

Para el viceministro Rodríguez, la inflada de los precios de medicamentos y dispositivos médicos que se recobran es lo que está 'matando' al Fosyga.

Mientras, cunde la zozobra entre los más de 40 millones de afiliados a la salud paga y subsidiada por la negación de servicios No POS, que ya ha venido ocurriendo, según algunas denuncias, y el anuncio que muchos de ellos tendrán que acudir a ahorros como las cesantías para cofinanciar su atención, aunque el pasado viernes el presidente Uribe manifestó que los "ciudadanos pobres o de ingresos medios" nunca tendrán que echar mano de esos dineros para cubrir parte de los tratamientos.

Una mirada rápida al mercado laboral

Sobre la otra cara de la moneda, en un artículo reciente los ex ministros de Hacienda Rodrigo Botero (Colombia) y Domingo Cavallo (Argentina) señalan que "la política social más efectiva es la creación masiva de empleo formal. Una fórmula de comprobada eficacia para reducir la incidencia de pobreza y elevar el bienestar de la población es promover el pleno empleo".

Y, precisamente, lo que no ha registrado el país es la creación a gran escala de empleo formal; sobre este y su afiliación a las EPS del régimen contributivo, según la Ley 100 de recaería el 1993, recaería el mayor peso de la financiación del régimen subsidiado. Serían muchos más los trabajadores afiliados al sistema pago que al gratuito.

Sin embargo, como anota el director del CID de la Universidad Nacional, Jorge Iván González, la flexibilización del mercado laboral impulsada por el Gobierno Uribe en el 2002 condujo a un deterioro de la calidad del empleo y aumentó la informalidad (que llegó a 58 por ciento a finales del año pasado), que ha dado como resultado que los afiliados al régimen subsidiado son la mayoría dentro del sistema de salud (24 millones) y los del contributivo los menos (18 millones, de los cuales alrededor de ocho millones son cotizantes y el resto, beneficiarios).

El año pasado, por ejemplo, la ocupación nacional creció 8 por ciento y el desempleo, el doble. El empleo fue jalonado por la informalidad. 

En el cuarto trimestre, los trabajadores por cuenta propia, el servicio doméstico y los jornaleros, fueron más de la mitad del total de ocupados, cifra a la que se puede sumar más de un millón de personas (5,9 por ciento del total), que trabajan gratis en actividades familiares.

Al ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, parece preocuparle menos que el desempleo promedio del 2009 hubiera sido 12 por ciento que 'cobrarles' a los analistas que no llegó al 14 por ciento que habían previsto, misma cifra que ahora están manejando para este año.

Botero y Cavallo señalan que "para asignarle al tema del empleo la prioridad que se merece, la generación masiva de empleo formal debe convertirse en el objetivo central de la política económica colombiana, no en el subproducto de otro objetivo. Ése es el cambio de enfoque que recomendamos".