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La misión de la Comunidad Autónoma de Asturias (norte de España) concluyó este viernes la visita de verificación humanitaria al país y advirtió acerca de la violación de Derechos Humanos que se está llevando a cabo.

La misión está formada por miembros de ese gobierno autónomo, al frente de los socialistas en coalición con Izquierda Unida, y organizaciones no gubernamentales. Éstos se reunieron con comunidades indígenas y campesinas, así como representantes sindicales y de colectivos en situación de riesgo durante su gira por los departamentos de Antioquia, Caquetá, Cesar, Cundinamarca, Putumayo y Sur de Bolívar, además de Bogotá.

El director de la Agencia, Rafael Palacios, aseguró que no se puede permitir que se "firmen negocios con personas que están directamente señaladas como responsables, auxiliadores o colaboradores" de este tipo de violaciones, y que el "agrocombustible que llegue a España, lo haga manchado de sangre".

Por ello, instó a aprovechar la Presidencia española de la UE durante el primer semestre de 2010 para "actuar como defensores de los derechos humanos y aplicar ese concepto de Alianza de Civilizaciones tan bueno en su origen".

Pero es precisamente durante la Presidencia española de la Unión, cuando los europeos planean rubricar el TLC con Colombia, el próximo mayo en Madrid y después de dos años de negociaciones. Además, resaltó que Colombia sufre "una de las mayores crisis humanitarias conocidas en su historia", con las "más altas tasas de desplazamiento interno del mundo, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas y arbitrarias, ametrallamientos y bombardeos sobre comunidades campesinas e indígenas".

A su vez dijo que los paramilitares "continúan cometiendo masacres, extorsiones, asesinatos, desplazamientos forzosos, desapariciones y violencia sexual", pese a que, agregó, el Gobierno colombiano "niega oficialmente su existencia".

Y advirtió del desalojo "con violencia" de familias campesinas de sus tierras para instalar monocultivos de palma de aceite; las "intimidaciones" a periodistas por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio de inteligencia); la falta de garantías para los presos y los asesinatos de sindicalistas.

De igual forma, la delegación denunció haber sufrido "amenazas" de oficiales del Ejército colombiano, hechos que fueron puestos en conocimiento del Ministerio del Interior.

Por último, la misión tiene previsto presentar su informe ante las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los Parlamentos europeo, español y asturiano.