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En un momento en que se adelanta una campaña presidencial y que en el mundo se discute cuál debe ser la institucionalidad necesaria para superar de la mejor manera la crisis económica, sería conveniente que los distintos candidatos tuvieran en cuenta algo elemental, pero que en la mayoría de los casos se olvida: es imprescindible no dejar de lado el largo plazo para resolver los problemas del desarrollo.

Como lo sostiene la Cepal y la Secretaría General Iberoamericana (Segib), en un reciente trabajo intitulado Innovar para crecer, las economías de América Latina han respondido a los desafíos planteados por la crisis mediante políticas de corto plazo -incentivando el crédito y aumentando, en algunos casos, el gasto público-, pero es necesaria una estrategia de largo plazo que defina una trayectoria de crecimiento sostenible e inclusivo, en la que la innovación debe desempeñar una función primordial.

En efecto, no se puede pensar en políticas de largo plazo sin tener en cuenta el papel que le corresponde a la Ciencia, la Tecnología y a la Innovación (CTI) en la recuperación económica y el desarrollo en los próximos años. Así como las políticas fiscal y monetaria de corto plazo analizan cómo evitar que el nivel de actividad continúe cayendo, las políticas industrial y tecnológica deben impedir que se profundicen las asimetrías tecnológicas y de competitividad que existen en la economía internacional.

Mientras que la política de corto plazo quiere reducir la brecha entre el producto con pleno empleo y el efectivo, la de largo plazo busca disminuir la distancia entre los países que se sitúan en la frontera tecnológica (naciones desarrolladas), y aquellos en que la tecnología sólo ha penetrado de forma parcial (países en desarrollo).

La política de corto plazo busca estabilizar el crecimiento del producto; la de largo plazo, en el caso de las economías en desarrollo, pretende alcanzar tasas de crecimiento que reduzcan, con el tiempo, las diferencias internacionales de ingreso por habitante.

Esta prioridad es tanto más importante, en el caso colombiano, si se tiene en cuenta que la actualidad se le está dando primacía a las políticas de corto plazo para controlar el déficit fiscal. El Gobierno ha anunciado un ajuste fiscal para el 2010 con el fin de evitar que se desborde en el presupuesto central, calculado en 4,5 por ciento del PIB para este año.

Teniendo en cuenta que hay obligaciones que son 'intocables', como el servicio de la deuda, el pago de pensiones, las transferencias y los proyectos que ya tienen un contrato firmado, los mayores recortes van a recaer del lado de la inversión social y en los programas de innovación y transformación productiva.

El recorte anunciado es de 5.8 billones de pesos, de los cuales 2,2 billones corresponden a gastos de funcionamiento y 2,0 billones de pesos a inversión. Los planes para mejorar la competitividad, la conectividad y la innovación, muchos de los cuales constan en documentos Conpes, van a ver reducidos sus recursos, limitando la política anticíclica que había enunciado el Gobierno.

Se requiere, por lo tanto, que los candidatos presidenciales piensen en el largo plazo y que tengan en cuenta, como lo señaló Fernando Fajnzylber hace ya 20 años, que la competitividad, la sostenibilidad ambiental y la equidad son tres factores que pueden y deben reforzarse mutuamente para dar el gran salto que el país necesita.

Tampoco pueden olvidar que la innovación es un instrumento que permite avanzar simultáneamente en todos ellos. Los aspirantes a la presidencia en sus programas y en los debates públicos, que hasta ahora no han realizado, deberían, por lo tanto, plantear las mejores estrategias para fortalecer esas complementariedades.