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En los temas de salud se presentan grandes dilemas éticos, pero también políticos y económicos. Entre los primeros, el clásico es el del médico que ante un parto muy difícil debe decidir si salva a la madre o al bebé.

Otro, que incluye aspectos económicos, es el de dos pacientes que necesitan un transplante de corazón para poder vivir, pero sólo hay un corazón disponible. Si uno de los pacientes tiene 75 años y puede pagar lo que sea por el corazón, y el otro es un joven de 20 años que no tiene seguro médico, ¿a quién hacerle el transplante? Los dilemas político-económicos son todavía más complejos.

Por ejemplo, los recursos para investigar nuevos medicamentos, ¿se deben dedicar a enfermedades que afectan a una minoría con dinero para pagar por ellos, o a otras como la malaria que afecta a millones de pobres en el mundo? ¿Qué está primero, el derecho de los laboratorios de hacer utilidades por lo invertido en drogas contra el Sida, o el derecho de los enfermos a recibirlas, aunque no tengan plata para comprarlas?

Es evidente que estos dilemas no los resuelve el mercado libre, que siempre va a asignar los recursos donde sean más rentables, sino que se necesita la intervención del Estado para poner el interés público por encima del privado. Se trata de decisiones políticas que requieren de un gran consenso, pues el derecho a la salud es parte esencial del pacto social de cualquier sociedad.

Dilemas de ese tipo son los que enfrenta el sistema de salud en Colombia: si el presupuesto no alcanza para que toda la población tenga atención médica para todas sus enfermedades, ¿se debe dar atención plena a sólo una parte de la gente, o dar una atención parcial y básica a toda la población? En realidad este es un trilema, porque la otra posibilidad es conseguir más recursos para financiar la cobertura total; pero entonces la pregunta es quién pone la plata.

En los países europeos la seguridad social es financiada por el Estado con los impuestos generales que son progresivos, es decir, que pagan más los que tienen más. En Colombia, con la Ley 100 se adoptó un modelo más neoliberal en el que los trabajadores cotizan por sus pensiones y su propia salud. El modelo hizo crisis, entre otras cosas por el aumento del desempleo y el trabajo informal propiciado por la política de 'confianza inversionista' de Uribe, y desde hace años se requería una solución.

La Emergencia Social intentó resolver el dilema de la cobertura universal con una mezcla de nuevos recursos (impuestos a la cerveza y otros) y reducción de los servicios a los pacientes (obstáculos para acceder a tratamientos no POS).

Fue una decisión política con pros y contras que se pueden discutir, pero con un vicio insubsanable: fue adoptada de manera dictatorial e improvisada, cuando lo que se requería era un amplio debate democrático para lograr un nuevo consenso nacional.

La Emergencia se va a caer en la Corte y en el Congreso. Para reemplazarla no sirven los improvisados reversazos del presidente Uribe, ni son suficientes las justificadas protestas de médicos y pacientes; se requiere un profundo análisis que aporte soluciones creativas a esta compleja problemática.

Para contribuir a este propósito, el candidato liberal Rafael Pardo ha convocado a un gran foro sobre la salud hoy martes, en Bogotá, con la participación de todos los actores del sistema de salud, y de congresistas, que son quienes deberán tomar la decisión de nuevos impuestos.

Es un estilo diferente de hacer política, que tal vez no da titulares de prensa como las denuncias sobre los conflictos de interés de los ministros y sus asesores, pero que muestra el talante democrático y la seriedad con que Pardo busca soluciones a los grandes problemas nacionales.

macabrera99@hotmail.com