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Se estima que las bolsas de los tres mercados alcanzarán juntas una capitalización bursátil de 478.577 millones de dólares, repartidos de la siguiente manera: Colombia (137.850 millones), Santiago (254.988 millones) y Lima, 85.739 millones de dólares.

¿Cuál ha sido el papel de la Superintendencia en ese proceso?

La industria de valores de los tres países entendió que debe generar un proceso de integración regional para generar un balance a los verdaderos pesos pesados del mercado de valores en la región. Por eso se está promoviendo una integración de mercados que son compatibles entre sí. El mercado de valores chileno es muy fuerte en industria producción minera y lo propio pasa con Perú. Colombia es fuerte en empresas prestadoras de servicios que están listadas en la Bolsa o también otras como Ecopetrol que son fuertes en explotación de crudo.

Así las cosas, hay una serie de fortalezas que unidas pueden hacer que el mercado resulte interesante para las tres jurisdicciones y para los inversionistas.

¿En qué etapa está el proceso y cuál es la estrategia que se está aplicando?

La última mesa de trabajo que se hizo en enero previó que el proyecto de integración se realizaría en dos fases. La primera contempla una integración a través del enrutamiento intermediado y tiene como fecha prevista de implementación noviembre del 2010.

Aquí no se requieren mayores ajustes regulatorios ni de infraestructura en el mercado de valores, toda vez que es un enrutamiento de órdenes que hace un intermediario de cualquiera de los otros dos países a un intermediario local.

Las órdenes llegan a un operador colombiano -que es un comisionista de bolsa- y este la entra al mercado en la forma tradicional.

¿Cómo podrá entrar un inversionista colombiano a los otros dos mercados?

Hoy en día los residentes en Colombia pueden tener inversiones en activos financieros en el exterior, obviamente contactando a comisionistas en cada una de las plazas y haciendo la transferencia de recursos, de acuerdo con las reglas cambiarias que establezca cada país.

Por ejemplo, para hacer operaciones en Colombia es necesario que el inversionista extranjero utilice un fondo como vehículo destinado a hacer esos negocios, por ejemplo, en renta variable. El punto importante es que en una primera etapa se está generando un enrutamiento o un contacto entre el comisionista del exterior y un comisionista local.

¿Cómo será la operación entre casas de bolsa?

Lo que tendríamos a partir de noviembre es una oferta que -en virtud de contratos de corresponsalía- harían los comisionistas locales con sus colegas del exterior, pero el enrutamiento va a ser a través de cada agente en cada jurisdicción.

Cada comisionista seguirá operando en su propio mercado y solo se podrá hacer el enrutamiento si yo, por ejemplo, quiero hacer una compra de acciones en la bolsa de Santiago.

De esta manera me pongo en contacto con un comisionista y este, a su vez, enruta la orden a través de un colega de la otra bolsa y ese es el que finalmente hará la operación.

¿Cómo será la segunda etapa y para cuándo lo plantea el cronograma?

La segunda fase es más ambiciosa y requiere revisiones de arquitectura de mercado, cambiarias y jurídicas mucho más profundas.

En la primera etapa solo se requieren ajustes leves y complementarios a nivel de regulación en algunos de los países incluido Colombia, pero no son profundos porque la arquitectura de mercado básicamente es la misma.

La segunda etapa será una integración a través del acceso directo de los intermediarios a cada mercado y la estandarización de reglas de negociación. Esto está previsto para que comience a operar a finales del 2011.

¿Cuáles serán los ajustes de fondo?

Habrá cambios regulatorios porque un intermediario local ya accedería directamente a las plazas de Lima y Santiago. En lo que tiene que ver con el Gobierno debe tratarse la normativa del mercado de valores, además de temas de protección al cliente, arquitectura de los depósitos, funcionamiento de las bolsas, información para los mercados, etc.

También deben ajustarse reglas especialmente en materia cambiaria que deberán ser consideradas por el Banco de la República.