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Dejada a merced de 'las fuerzas del mercado', o de los azares de la historia, dentro de 30 ó 50 años Bogotá no será una metrópoli próspera, útil para el bienestar de sus habitantes. Por otra parte, nadie podría asegurar que la Bogotá del futuro no será una conglomeración urbana aplastada bajo una montaña de corrupción, de mal gobierno, sobre una inadecuada infraestructura, en un medio ambiente imposible. Existe el riesgo, además, de que durante las próximas décadas ocurra un siniestro natural de gran escala parecido al terremoto de Haití.

De cara a esas incertidumbres, el mejor esfuerzo humano consiste en planificar la ciudad, con los ojos puestos en el largo plazo. Son muy importantes, entonces, las acciones que ha emprendido el gobierno de Bogotá para que se formule una política de desarrollo económico que busque hacer de la capital una construcción humana capaz de darle prosperidad a su gente en condiciones de igualdad y sostenibilidad.

Esta labor, cuya coordinación se le ha encargado a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, debe concluir en una suerte de hoja de ruta que se trace objetivos de aquí a mediados del siglo XXI. No se trata sólo de adelantar un ejercicio de expertos, sino de convocar a todos los sectores ciudadanos en torno de una visión que debe orientar la acción del Estado más allá de los instrumentos formales de planeación como el Plan de Ordenamiento Territorial y los Planes Maestros.

En ese propósito, la administración distrital acaba de lanzar una agenda de participación ciudadana y ha programado también varios actos de deliberación pública. Otras ciudades del mundo han asumido compromisos como este, y han tenido éxitos concretos. No hay razón para que Bogotá no alcance logros similares.

La planificación metropolitana deberá ser regional. Bogotá y la región necesitan las instituciones propias de la planeación regional. Para conseguirlas, el instrumento esencial es una buena textura democrática del poder político, que le abra caminos a la solidaridad, a la descentralización real y efectiva, a la derrota de intereses particulares perniciosos.

La provisión de servicios públicos y la garantía de los derechos a la salud y la educación tendrán crecientes problemas en un ambiente de fraccionamiento entre la ciudad y la región. Igual cosa puede afirmarse de la gestión espacial y tributaria del suelo en Bogotá y sus alrededores, del manejo de la movilidad y de la calidad de la infraestructura.

En ese pensar colectivo de largo plazo, la ciudad -es decir, su gente- debe reconocerse a sí misma de manera integral y realista. No es posible comprender los desafíos que se le vienen encima a Bogotá si persisten las ciudades invisibles dentro de la metrópoli, esos depósitos de pobreza y exclusión que poca gente de estratos medios y altos quiere ver, y que sólo percibe como sitios peligrosos que han de ser evitados. La participación ciudadana efectiva en la planeación de largo plazo es el principal remedio contra la ceguera.

Como ha quedado en evidencia en el proceso de los últimos años de Bogotá y otras ciudades, la calidad del Gobierno Nacional, regional y local es el factor más importante del éxito de una ciudad como proveedora de bienestar. Una burocracia distrital competente, un buen manejo financiero y tributario, un gobierno comprometido contra la corrupción y un buen ambiente de negocios son los factores claves de la prosperidad bogotana. Sin ellos, cualquier planificación es un acto fallido.

Ojalá que el camino que ha propuesto la administración distrital convoque el interés de la gente. Si así no fuera, se puede perder una oportunidad muy importante para darle a la capital un rumbo cierto.

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