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"Sin desconocer que la reducción de tarifas ha sido benéfica para los usuarios, es claro que no es sostenible". El problema es que en una entrevista de prensa al presidente de Aires, Francisco Méndez, se le atribuye la propuesta de que "las diferentes empresas del sector deben buscar, de manera conjunta, llevar las tarifas a los niveles en los que deben estar".

Poner esa idea en práctica podría traer graves sanciones, explica el Superintendente de Industria y Comercio, Gustavo Valbuena Quiñónez. "Si entre competidores, llámense aerolíneas que tienen las mismas rutas, fabricantes de ropa, restaurantes existe la intención de incrementar al mismo tiempo los precios, gracias a un acuerdo con unas reglas de juego determinadas, la ley colombiana contempla una estricta prohibición al respecto. Es más, la acción tiene consecuencias sancionatorias bastante elevadas".

Según el funcionario, este tipo de acuerdos conjuntos "podrían llegar a ser considerados como una práctica restrictiva de la competencia, con las consecuencias que para ese tipo de comportamientos prevé la Ley 1340 del 2009". Valbuena sostiene que la misma Superintendencia tiene la facultad para ordenar la suspensión de esa práctica y que "las sanciones pueden llegar a ser hasta por 100.000 salarios mínimos a cada uno de los participantes en el acuerdo".

Según el vocero de Atac, Daniel Devis, la estrategia de baja en los precios hizo crecer el mercado doméstico en un 40 por ciento, es decir, "el volumen podía compensar la baja en los precios". Sin embargo, advirtió, "el precio del combustible, en cambio, es algo incontrolable para las aerolíneas. Este año comenzó en 75 dólares el barril y ha alcanzado picos de 86 dólares durante el mes pasado. Eso pesa más".