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Así lo establece el documento de regla fiscal que presentará hoy el Ministerio de Hacienda, ante el presidente Alvaro Uribe, en un acto que se llevará a cabo en la Biblioteca Luis Ángel Arango, de Bogotá, y que entraría a discusión del Congreso de la República desde el próximo 20 de julio.

La regla fiscal tiene como objetivo establecer los lineamientos que el Gobierno debe aplicar en torno al manejo de los ingresos de la Nación, los departamentos y los municipios, provenientes de los recursos adicionales que genere el auge minero, en especial el subsector de hidrocarburos. 

Esto significa que tanto el Gobierno central como los entes territoriales serán sometidos a una estricta disciplina en la administración de los dineros provenientes del auge minero y petrolero, y que estos últimos reciben por regalías. La idea es que los dineros se administren con criterio anticíclico para garantizar la estabilidad de la política fiscal del país. 

La decisión fue adoptada tras considerar que una estrategia de esta naturaleza es conveniente para el país, toda vez que otras naciones del mundo han demostrado que la regla fiscal genera mayor compromiso de las autoridades fiscales en la disciplina de largo plazo. 

La regla fiscal, diseñada por un equipo técnico del Gobierno, el Banco de la República y el Departamento Nacional de Planeación y asesores externos propone el cumplimiento de un indicador objetivo de balance primario estructural, para lo cual se tendrán en cuenta el ciclo económico y los ingresos petroleros.

A pesar de que este documento será presentado hoy por el actual Gobierno, su contenido es conocido por el equipo económico del presidente electo, Juan Manuel Santos, y deberá ser impulsado en el Congreso de la República por el nuevo ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry.

Ajustar ingresos

Para el país, el diseño y la implementación de una regla fiscal implica consideraciones claves desde el punto de vista de la postura y de la operatividad de la política fiscal. La regla señala que ante las desviaciones del Producto Interno Bruto (PIB) respecto de su valor potencial y antes escenarios diferentes generados por los ingresos petroleros en el mediano plazo, la autoridad fiscal deberá reaccionar ajustando sus ingresos y sus gastos con el fin de cumplir sus metas.

Desde el punto de vista operativo, la regla establece el nivel de balance fiscal primario que debe lograr las autoridades, una vez descuenten los efectos del ciclo económico y el minero, sobre sus finanzas. En consecuencia, si por ejemplo la economía está creciendo por encima de su potencial o si los ingresos mineros superan la senda presupuestada de largo plazo, se deberá generar un menor déficit.

Menos deuda

Uno de los objetivos es reducir la relación entre la deuda pública del Gobierno Nacional Central y el PIB, a niveles del 25,7 por ciento en el 2021, y que para el presente año se estima en 38,6 por ciento. Esto significa que será necesario pasar de un balance primario de -1,3 por ciento del PIB en la actualidad, hasta llegar a un superávit de 2,1 por ciento en el 2017.

Con la regla, el Gobierno se verá obligado a ahorrar, para el pago de deuda, gran parte de los ingresos extraordinarios que generará el auge petrolero, además de cumplir con el servicio de la misma, con lo cual el endeudamiento disminuirá. Igualmente, el uso de los recursos petroleros para cubrir gastos del Gobierno evitará acudir a nuevos préstamos y disminuir la deuda a mayor velocidad. 

Beneficios para el país

La regla fiscal garantiza la disciplina en esta materia y promueve la estabilidad macroeconómica, al tiempo que permite dar cumplimien- to a una meta de deuda en el mediano plazo, lo cual facilita el proceso de ajuste fiscal que requiere el Gobierno. La regla refleja decisiones autónomas de los gobiernos, en la medida en que independiza el objetivo fiscal de cambios en los ciclos de la economía. Este mecanismo facilita la aplicación de una política anticíclica y brinda credibilidad y confianza fiscal.

Municipios, a ahorrar parte de las regalías

Entre los beneficios que genera la regla fiscal se destaca el hecho de que el Gobierno se ve obligado a no gastar una proporción importante de los recursos generados por el auge petrolero y minero. Estos dineros pueden ahorrarse en un fondo de estabilización o destinarse al pago de la deuda pública. 

La medida, implementada en otros países como Chile, busca determinar una especie de "ahorro programado" que garantice una disciplina fiscal a mediano y largo plazo y un fortalecimiento de la deuda pública. Esta estrategia supone la recuperación del crecimiento económico hasta alcanzar a mediados de la década su nivel de largo plazo. 

Para el Gobierno, la meta de crecimiento del PIB en el 2010 será de 3 por ciento, y de 4 por ciento en el 2011 y 4,5 por ciento a partir del 2012. 

Por su parte, la producción petrolera pasará de cerca de 800 mil barriles diarios en el presente año a 1,5 millones en el 2016, volumen que debería mantenerse hasta el 2020.

El esquema de regla fiscal será complementado con el rediseño del actual esquema de regalías, que deberá emprender el nuevo Gobierno, para promover una mejor distribución de las mismas y garantizar una buena y eficiente administración de esos recursos. 

Se buscará que la utilización de las regalías considere igualmente un manejo anticíclico, con ahorro de parte de los excedentes que se generen por el crecimiento de la actividad minera, para gastarlos en periodos de escasez. 

Incluso se estudiará la posibilidad de que una porción de las regalías que no se ahorren sean utilizadas por los entes territoriales para asumir gastos regionales y locales que hoy están a cargo del Gobierno central.

El recién presentado Plan de Marco Fiscal de Mediano Plazo señala que las regalías podrían por ejemplo, promover la capacitación de la mano de obra en las regiones, aumentar el empleo calificado, invertir en tecnología y generar oportunidades de trabajo a los desplazados.

Un grupo de investigadores del Banco de la República planteó que una regla que genere un punto del PIB de superávit primario estructural reduciría la deuda del Gobierno en tres puntos del PIB en 2011, lo que demuestra las bondades de la propuesta. 

Anif considera clave lograr un consenso social sobre la necesidad de generar anualmente un superávit primario de uno por ciento del PIB.