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Proyectos claves como la regla fiscal, la reforma a las regalías , así como la separación de los ministerios de la Protección Social (en Trabajo y Salud); el de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (en Ambiente y Vivienda), y el del Interior (en Interior y Justicia), hacen parte del menú de iniciativas que han sido acordadas entre el Gobierno saliente y el entrante.

En el área económica, el lesgislativo tendrá que abordar varias prioridades.

En primera instancia, hace 15 días el Ministerio de Hacienda presentó el texto de la propuesta de regla fiscal, que tiene como objetivo garantizar la estabilidad fiscal del país, convirtiendo en norma la obligación de hacer un manejo racional de los ingresos adicionales generados por el auge del sector minero-energético.

La meta al 2020 es pasar de un déficit fiscal primario a un superávit; reducir a menos de la mitad el actual porcentaje de la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) y, de ser necesario, crear un fondo para ahorrar parte de los recursos generados por el boom petrolero y minero, los cuales podrán ser utilizados únicamente en épocas de crisis.

Paralelamente, la regla fiscal plantea la necesidad de reformar la ley de regalías, a fin de que los entes territoriales sean sometidos a un rigurosos control en el manejo de estos dineros.

Pulso por el manejo de las regalías

Una de las discusiones más arduas que se prevén en el Congreso, será el de la reforma a la Ley de Regalías.

El Gobierno saliente del presidente Álvaro Uribe, y el entrante de Juan Manuel Santos, ya han dado las primeras señales del enfoque que tendrá el proyecto que discutirá el Congreso en lo que resta de este año, en la referente a los recursos que reciben los departamentos y los municipios por la producción de hidrocarburos y recursos mineros. Esto significa que los equipos de los dos gobiernos han venido trabajando conjuntamente para estructurar el proyecto de ley que introducirá la reforma.

En realidad, la pelea es por el manejo de billonarios recursos. Por ejemplo, para el 2010 se prevén giros por 6 billones de pesos en regalías, mientras que tradicionalmente se han girado entre 1,8 y 1,9 billones de pesos anuales por regalías.

Durante la campaña política, el presidente electo, Juan Manuel Santos, planteó entre sus iniciativas económicas la posibilidad de destinar el 10 por ciento de estos recursos a ciencia y tecnología, incluyendo también la creación de un fondo de ahorro.

Pero la reforma podría ser incluso más profunda. "Se ha planteado la idea de quitarles a las regiones para ahorrar a nivel nacional", dijo recientemente el director Ejecutivo de Fedesarrollo, Roberto Steiner.

Así mismo, el presidente Uribe hizo recientemente una advertencia puntual." "Yo creo que hoy no hay excusa en el Parlamento para aprobar un esquema de modificación de regalías", sostuvo. Sin embargo, ya empezaron a llover propuestas sobre qué se debe incluir con las modificaciones.

Por su parte, la Asociación de Municipios Petroleros de Colombia (Ampet), está solicitando una redistribución entre los departamentos, los municipios y la Nación, por considerar que hay un sesgo en contra de las localidades.

Los municipios asociados en Ampet son 32 en total y representan el 85 por ciento de la producción petrolera de Colombia. "Los alcaldes están de acuerdo con que haya ahorro de las regalías, siempre y cuando se vean beneficios en las entidades territoriales. Pero los gobernadores también tienen su propia posición, a pesar de que ya hay un principio de acuerdo para que se entregue al Gobierno una primera propuesta de reforma.

En el caso del Meta, el mayor productor de petróleo y principal beneficiario de regalías, las autoridades aseguran que si bien aceptan la creación de un fondo de ahorro, lo condicionan a que con los dineros que se descuenten se abra una cuenta directa a nombre del Departamento del Meta, de tal manera que se le garantice que esos recursos se invertirán en la misma región.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) le pondría fin hoy a la prolongada discusión entre el Gobierno y los productores de leche sobre el monto de las ayudas para la puesta en marcha del programa de reconversión y modernización de la producción de este alimento en el país, con el fin de hacerle frente a la competencia generada por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, en los próximos años. La decisión será adoptada en el Consejo previsto para hoy, que a su vez será el último del actual Gobierno, según confirmaron fuentes del Departamento Nacional de Planeación.

El Conpes lechero está definido en lo que tiene que ver con la estrategia, pero el borrador del documento no ha incluido la cifra concreta de lo que costará el plan, a pesar de que el Ministro de Agricultura, Andrés Fernández, anunció hace 15 días que la suma ascenderá a medio billón de pesos.

Los ganaderos insisten en que esa cifra es insuficiente y que de nada sirve lanzar un plan concreto si no hay recursos para convertirlo en realidad.

Los aspectos más sobresalientes de la estrategia están relacionados con la modernización de la producción, aumento de la productividad, creación de asociaciones de ganaderos para la comercialización del producto. Para ello se le recomienda al Ministerio de Agricultura diseñar líneas de crédito especiales y diseñar un ICR diferencial para el sector lechero, financiar la obtención de certificación oficial en BPG, y sellos de calidad e inocuidad para productos regionales que cumplan con la normatividad correspondiente y solicitar al Ministerio de Hacienda, al DNP y al Minagricultura, revisar antes del 31 de diciembre de 2010, la carga impositiva de los productos de la cadena láctea en el país.