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Lo único que trascendió el sábado pasado en torno de la Contraloría General fue que su cabeza, Julio César Turbay Quintero, renunció al cargo 24 días antes de que se le venciera el periodo y sin que la terna para elegir a su sucesor esté lista.

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que, antes de presentar su dimisión, Turbay dejó listo un proyecto de ley -concertado con el Gobierno Uribe y que presentará al Congreso el Contralor (e.)-, que pretende darle un revolcón a esa entidad, criticada por su debilidad en el control al manejo del erario, la demora en ejecutar juicios fiscales (para recuperar el dinero esquilmado) y hasta por su burocracia.

Hoy, la Contraloría sólo ejerce un control posterior; su función de advertencia no es de carácter obligatorio y, a pesar de los esfuerzos de la administración Turbay, en cuatro años sólo se logró recuperar 72.000 millones de pesos, a través de largos juicios fiscales en contra de funcionarios y privados corruptos.

Los cambios

La propuesta -que también aparece firmada por el ex ministro del Interior Fabio Valencia y que aún no se sabe si será respaldada por el Gobierno Santos- le entrega nuevas facultades al ente fiscal.

Entre otras, tendrá medidas excepcionales para suspender temporalmente contratos, procedimientos, actos y operaciones administrativas hasta por dos meses, prorrogables dos meses más.

Además, se le entregarían facultades de policía judicial que, entre otros puntos, le permitirían registrar oficinas, recaudar evidencia y solicitar información a otros entes investigativos y de control.

También se pide reglamentar la facultad que tiene la Contraloría de suspender a funcionarios, mientras se adelanta una investigación; e introducir la facultad de exigirles a servidores públicos y a privados informes sobre su gestión fiscal.

Proceso abreviado

Pero, tal vez, uno de los puntos más importantes, es el de abreviar los juicios fiscales que se siguen para recuperar el dinero esquilmado.

Debido a la dilación de estos procesos, decenas caducan y prescriben, lo cual favorece a los corruptos.

En el 2007, por ejemplo, caducaron casos por casi 89.000 millones de pesos; en el 2008, por 27.000 millones; y en el 2009, por 7.626 millones.

Finalmente, el proyecto prevé que el Presidente, sus ministros y las comisiones del Congreso puedan solicitarle a la Contraloría que ejerza un control posterior excepcional sobre procesos clave.

Aún no se sabe si el actual ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, apoyará esta iniciativa o la frenará, tal como sucedió con la reforma a la Justicia.