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En cualquier campaña presidencial se pronuncian frases que terminan haciendo carrera con consecuencias imprevisibles. Ese es el caso de la promesa del entonces candidato Juan Manuel Santos de no subir las tarifas de los impuestos si ganaba las elecciones.

En ese momento, la promesa ayudó a que Santos definiera a su favor el duelo que sostenía con Antanas Mockus en las encuestas, y con el paso del tiempo se ha convertido en una camisa de fuerza para la búsqueda de opciones ante uno de los retos más importantes que enfrenta el Gobierno: el de las finanzas públicas. Los datos hablan solos.

Desde el 2008 el déficit del Gobierno Central ha venido creciendo, y supera el promedio que registran los países de América Latina. Algo parecido sucede con la deuda pública, que medida como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) también supera el promedio de la región.

Esta situación de las finanzas públicas ha sido una de las razones fundamentales para que las agencias calificadoras de riesgo no le hayan dado a Colombia el denominado 'grado de inversión', que aumentaría la confianza internacional en la economía y abarataría nuestro acceso al crédito.

Pero las razones más importantes para sanear las finanzas públicas no tienen que ver con las agencias calificadoras de riesgo. De ese propósito dependen cosas tan importantes como la sostenibilidad macroeconómica del país.

Los estimativos indican que para estabilizar la deuda pública se requiere un superávit primario mayor a 1 por ciento del PIB, lo que contrasta con el déficit actual de 1,1 por ciento del PIB. Si además tenemos en cuenta los gastos adicionales que implicará la atención de los desplazados y la unificación de los planes de salud, el descuadre puede ser aún mayor.

Como si eso fuera poco, el ajuste fiscal es requisito para que el auge mineroenergético que está empezando sea benéfico para la economía, y no se lleve por delante a las empresas exportadoras y las que compiten con importaciones.

La administración Uribe, en coordinación con el nuevo Gobierno, radicó en el Congreso un proyecto de regla fiscal que evitaría que la bonanza tuviera grandes costos para el país. De acuerdo con los cálculos que soportan ese proyecto, la regla exigiría un ajuste fiscal de, por lo menos, 0,6 por ciento del PIB en 2011, que por ahora no se ve por ningún lado.

Está claro que es urgente hacer un ajuste fiscal, y eso sólo se logra reduciendo el gasto público o aumentando los impuestos. Por ahora, el Gobierno ha anunciado que aumentará el gasto previsto en el presupuesto de 2011 en 2 billones de pesos, financiados con mayor deuda pública, suma que puede quedarse corta ante las crecientes demandas que están haciendo los ministros ahora que están empezando a conocer las necesidades de sus sectores.

Ante esa situación, el Gobierno debería agarrar el toro por los cuernos, reconocer que su promesa no era realista, e impulsar una reforma tributaria integral que no sólo elimine exenciones y racionalice tarifas, sino que, además, represente un aumento sustancial de los recaudos por impuestos. Si una reforma tan necesaria como esa no es fomentada por un gobierno como el actual, con funcionarios idóneos y un buen capital político, podemos empezar a guardar los bombos y los platillos que tanto han sonado desde el 7 de agosto.