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Muchas cosas pueden estar en discusión en torno al espinoso asunto de las regalías. Pero, pocos días después de que los ministerios de Hacienda y Minas y Energía presentaran el proyecto de reforma constitucional sobre el tema, lo único que se puede afirmar, sin lugar dudas, es que el sistema vigente había colapsado y que la reforma era, desde hace rato, urgente.

El régimen que el Gobierno pretende cambiar se basa en que unos pocos municipios y departamentos reciben el grueso de esos recursos, en virtud de que en esos lugares se originan, por estar allí los pozos petroleros, las reservas de gas, las minas y los puertos.

Eso pudo tener sentido en el pasado, pero hay varias razones que justifican un giro hacia un sistema más equitativo, donde el mayor porcentaje de las regalías se reparta por el territorio nacional.

La primera es que semejante esquema, que prometía redimir regiones como Cesar, La Guajira, Arauca y Casanare, lanzó chorros de dineros sobre entidades territoriales que no estaban preparadas institucionalmente para recibirlos e invertirlos.

 La feria de velódromos, piscinas de olas y muchos otros elefantes blancos, en que se invirtieron esos recursos, es bien conocida; como lo es la otra, aún peor, del saqueo de esos fondos por redes de corrupción con vínculos con la clase política de esas regiones, así como con la guerrilla, los paramilitares y otras mafias.

En este último aspecto, es útil entender que para los grupos armados ilegales es mucho más fácil asaltar ese botín si se concentra en pocas zonas, pues les implica un menor esfuerzo de movilización armada. Por cuenta de ello, Casanare y Arauca fueron escenario, por décadas, de cruentas batallas entre guerrilleros y paramilitares que se disputaban el control de las enormes regalías de esos departamentos.

Los organismos de vigilancia, que valga la verdad poco han podido controlar, han hecho cálculos de diversa índole sobre los recursos saqueados, procedentes de las regalías. En todos los casos, se impone hablar de billones de pesos, un verdadero crimen en un país donde la pobreza es acuciante, en especial en algunas de esas áreas.

El proyecto del Gobierno redistribuye esos dineros, de modo que ya no habrá chorros dirigidos sobre unos pocos municipios y departamentos, sino que todas las localidades y regiones del país podrán verse igualmente beneficiadas. Recibirán esa plata en virtud de criterios que combinan sus necesidades en materia de población y pobreza, con la eficiencia que demuestren en la gestión.

Preocupado además el Gobierno por temores de que una inundación de dólares, producto de las regalías mineras, desencadene no sólo una mayor revaluación del peso, sino síntomas de la llamada enfermedad holandesa, el proyecto prevé la creación de un Fondo de Ahorro y Estabilización, administrado por el Banco de la República, que obligue a que una porción importante de ese capital sea ahorrado, tanto por la Nación como por las entidades territoriales.

La idea de guardar en tiempos de 'vacas gordas', para usar esas reservas en épocas de 'vacas flacas', está detrás de este fondo. Subsisten, sin embargo, algunas dudas. La primera es de tipo político.

Algunos de los senadores y representantes de las regiones que han recibido el grueso de las regalías, ya han alzado su voz y han anunciado alianzas para frenar el proyecto. Pero justamente por ser esas regiones las menos, también esos parlamentarios son minoría en ambas Cámaras, mientras que la mayoría de los congresistas, procedentes de regiones que ahora recibirán más recursos, de seguro impulsarán el proyecto. Ese es el cálculo del Gobierno.

Otro frente de preocupación es el tema de la corrupción. Finalmente, si las regalías no quedan blindadas contra los corruptos, poco importa cuál sea el esquema de distribución regional. Si en el pasado fue imposible controlar el uso de estas en unos pocos municipios y departamentos, ahora el desafío podría ser mayor, al resultar urgente el dominio en todo el territorio nacional.

 El Gobierno ha dicho que el complemento de este proyecto es el Estatuto Anticorrupción, que el Ministerio de Interior y Justicia presentará en pocos días.

Pero aún con estas inquietudes, y con el necesario debate que se dará en el Congreso sobre la letra misma del articulado, de entrada parece claro que el proyecto -que requerirá, por ser un cambio constitucional, de un trámite que va más allá del año en curso- camina en la dirección correcta. Ojalá se mantenga así.