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La contralora general de la República, Sandra Morelli, expidió una circular avalada por la Procuraduría, la Auditoría y el Ministerio de Hacienda, para que los entes territoriales pongan freno al abuso que se esta haciendo de esta herramienta.

Según lo establecido por Morelli, el endeudamiento y las vigencias futuras son dos figuras diferentes.

Las vigencias futuras son la autorización que se obtiene para que un gobierno, ya sea local o nacional, asuma obligaciones económicas que afectarán los presupuestos que se manejarán a futuro. Para su aprobación, se requiere que haya un proyecto o un contrato establecido, pero las Asambleas y Consejos están aprobándolas sin tener en cuenta las exigencias de la ley.

La funcionaria citó casos como el del departamento de Casanare, que tiene recursos comprometidos por 375.000 millones de pesos y el del municipio de Barranquilla, con 900.000 millones. Según el auditor general, Iván Darío Gómez, entre Valle, Casanare, Caldas, Boyacá, Cundinamarca y Cúcuta tienen 2 billones de pesos en vigencias futuras que, a la luz de la circular emitida, tendrán que echar reversa.

El incumplimiento de la medida podría acarrear sanciones disciplinarias o fiscales y suspensión provisional de las vigencias aprobadas en las regiones.

La cifra: 30,5 billones de pesos tiene el Gobierno central comprometidos en vigencias futuras hasta el 2027, lo que criticaron voceros regionales.