Los beneficios de avanzar en la internacionalización de la economía son claros. Un país mediano como el nuestro no tiene un mercado local suficientemente amplio como para que las empresas exploten economías de escala, por lo que la internacionalización es un motor de crecimiento.

De hecho, los países más dinámicos de las últimas décadas han estado bastante abiertos al comercio internacional. Nuestro rezago frente a ellos es evidente: la participación de las exportaciones en el Producto Interno Bruto de Colombia es la mitad de la de China, la tercera parte de la de Corea del Sur y la cuarta parte de la de Tailandia.

Pero no hay que ir tan lejos para ver que seguimos siendo un país cerrado. Colombia ocupa el noveno lugar en América Latina en cuanto al valor de las importaciones por habitante, superada por países como Chile, México, Costa Rica, Perú y Brasil. Los bajos niveles de importación han ido de la mano con un precario desempeño exportador: las exportaciones colombianas por habitante ascienden a menos de la tercera parte de las chilenas, y a menos de la mitad de las mexicanas o costarricenses.

Por eso, la protección de los privilegios de unos pocos va en detrimento del beneficio general. Infortunadamente, la firma del TLC con la Unión Europea no está garantizada. En las últimas semanas el sector ganadero ha impulsado una campaña que asegura que el acuerdo sería perjudicial para los lecheros.

Esta campaña ha tenido eco en círculos políticos, hasta el punto que el Senado ha pedido al Gobierno que no firme el acuerdo. La queja del sector lechero contrasta con las condiciones excepcionales que recibió en la negociación.

La liberación se haría en un plazo de alrededor de 15 años partiendo de un arancel cercano a 100 por ciento, mucho mayor que el negociado con Estados Unidos. Adicionalmente se aplicaría una salvaguardia para los productos lácteos, por un mínimo de 12 años y un máximo de 17años para la leche en polvo y los quesos.

Además se eliminarían los subsidios a la exportación por parte de la Unión Europea, y se desarrollarían acuerdos de cooperación de España y la Comisión Europea para el avance del sector. Hace cinco años nos quedamos atrás de Perú en la negociación del TLC con Estados Unidos por una oposición similar del sector agrícola.

Hoy Perú tiene ese TLC y nosotros no, y a cambio nos quedamos con el polémico programa de Agro Ingreso Seguro que ha costado alrededor de 500.000 millones de pesos anuales. ¿Vamos a repetir lo mismo con la Unión Europea?

No firmar el acuerdo con la Unión Europea sería uno de los mayores de-satinos de la diplomacia económica colombiana en mucho tiempo: sólo imaginar la 'silla vacía' de Colombia, mientras 27 países europeos esperan para firmar produce vergüenza. Pero además esa omisión sería una pésima decisión económica, en la que los intereses particulares volverían a imponerse sobre el beneficio de todos los colombianos. El Gobierno tiene la palabra...