Es imperativa la 'intervención' del Gobierno, estimulando nuevos mercados y un ambiente de competenc

Reconozco la intensión del presidente Santos al proponer un estilo de concertación, pero las grandes transformaciones son situacionales y requieren decisiones que imponen costos políticos: es una responsabilidad de quien gobierna; falta madurez institucional y cultural para hacer viable el uso sistémico de estos mecanismos suaves.

Han sido décadas perdidas persiguiendo acciones de concertación; siempre los mismos ganadores y perdedores, y siempre los mismos asuntos: la paz, la salud, la apertura y modernización productiva, la equidad y competitividad del salario mínimo; evidencias de fracasos determinados por la vanidad personal que se transfiere al fuero institucional, y la ambición que soslaya la conveniencia de trabajar con criterios comunes y objetivos sostenibles; en definitiva, se sacrifican concesiones unilaterales, y se imponen consecuencias socialmente costosas.

Esfuerzos similares han hecho historia, por la vía de la gobernabilidad, como ocurriera con Churchill durante la reconstrucción inglesa en la posguerra, y por la vía del consenso, como emprendió el Gran Acuerdo (New Deal) de Roosvelt en EE. UU. para moderar los efectos de la Gran Depresión, mediante intervenciones como los planes de salvamento. Escenario replicado ahora a escala global, con resultados deficientes: los mismos que experimentó Colombia desde finales de los 90, cuando los contribuyentes asumieron pérdidas y rescates mediante el antitécnico cuatro por mil.

Si bien los bancos fueron rescatados, las economías sólo han tenido recuperaciones paliativas, y la clase media desapareció; no se dinamizó el empleo ni se estimuló el crédito. Décadas perdidas en un enfoque sesgado, pues la distorsión en los instrumentos de oferta y la ausencia de estímulos a la demanda configuran un modelo financiero sin productividad ni competitividad: el oligopolio es ineficiente, el acceso limitado y su cobertura excluyente; los servicios son onerosos por las elevadas tasas y márgenes de intermediación.

Paradójica, y perversamente, las utilidades del sector financiero son récord aún en época de recesión, y sus efectos indirectamente han promovido la aparición de sustitutos como el agio y las pirámides. Algo similar ocurre con la crisis de la salud. La institucionalidad es fundamental, pero con criterios de equidad solidaria, competitividad y sostenibilidad.

De hecho, los microcréditos surgen como respuesta a estas necesidades insatisfechas de la mayoría y, sin embargo, no han dejado de ser una innovación de producto; precisan apoyo para madurar institucionalmente y convertirse en una innovación de mercado en todas las regiones del país, con menores tasas y costos, según relacionan los estudios Microscopio Global y Microfinance Information Exchange -liderados por Economist Intelligence Unit, BID, e IFC-; hay apoyo y experiencia internacional para capitalizar.

Las convenciones en las que ha participado el Gobierno entrante han sido estériles, ya que no hay iniciativa en el sector privado; sus declaraciones no son noticia: galimatías de responsabilidades que evaden compromisos. No se trata de asistencialismo, pues esas políticas fracasan, pero las crisis que vivimos son consecuencia del abuso del mercado. Es imperativa, entonces, la 'intervención' del Gobierno, estimulando nuevos mercados y un ambiente de competencia; esto permitirá democratizar los servicios.