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Viernes 31 de Octubre 2014

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Ataques a la infraestructura

Noviembre 14 de 2013 - 7:52 pm



Durante las últimas semanas el país ha tenido que enfrentar una arremetida insurgente contra la infraestructura petrolera y eléctrica en algunas regiones del país, en las que las guerrillas preservan reductos de su actividad armada, social y política.

Esa hostilidad no expresa, como lo necesitan y pretenden sostener algunos sectores políticos, un fortalecimiento de la capacidad de esos grupos.

El ataque a ‘blancos blandos’ –ejercicio de acciones de bajo costo y alto impacto–, es una expresión de debilidad, no de fortaleza. La infraestructura lineal, v. gr. oleoductos, redes eléctricas, líneas férreas, son vulnerables y fáciles de atacar.

La guerrilla no está derribando torres y destruyendo tubos porque pueda hacerlo hoy y no haya podido en el pasado.

La intensificación de esa práctica en esta coyuntura encuentra explicación en la racionalidad política, en el interés y no en la capacidad de quienes la protagonizan. Algunas razones explican esta ofensiva.

La primera es el apremio del Eln por establecer con el Gobierno una mesa de negociación. Sus comandantes emiten cartas públicas para expresar voluntad de diálogo y anunciar que ya están bañados y vestidos.

Pero necesitan hacerse oír y ‘motivar’ una mayor diligencia del Gobierno en abrir ese escenario. Arauca y Santander son el epicentro de su ofensiva. No es descartable que lo hagan esta vez en manguala con las Farc.

La segunda corresponde a las Farc. Con el ataque a la infraestructura, especialmente en aislados y lejanos territorios fronterizos –Putumayo, Nariño, La Guajira–, las Farc estarían echando mano de lo que pueden para lograr un cese al fuego bilateral, tesis que vienen promoviendo con el apoyo de algunos de sus aliados políticos.

Por otro lado, no es descartable que estas acciones tengan origen en tensiones y fisuras al interior de las mismas Farc respecto a las negociaciones de La Habana.

Así como en el establecimiento hay opositores a este proceso, las evidencias sugieren que al interior de esa guerrilla también –la mayor de estas sería el develado plan de atentados contra el expresidente Uribe y otros personajes de la vida pública–.

En cualquier caso, ejercen estas prácticas tratando de demostrar un supuesto control territorial en zonas que pretenderían gobernar con ciertos niveles de autonomía en un escenario de posconflicto.

Paradójicamente, efecto de este despliegue de destrucción es el fortalecimiento político de los que se oponen al proceso de paz y requieren instalar el temor y la inseguridad en la mente de los colombianos, como plataforma de su oferta electoral. Los activistas de la oposición al Gobierno están pendientes de narrar y amplificar los efectos de cada atentado, estimulando, queriendo o sin querer, a quienes los perpetran.

Terminan las Farc y el uribismo como ‘enemigos íntimos’. Deberían los detractores del proceso recordar que, a menos de un mes de finalizar el segundo mandato del presidente Uribe, y en lo álgido de su agarrón con Chávez, Arauca sufría una cruenta arremetida guerrillera, que dejó sin luz a medio departamento, de luto a varias familias y extensos charcos de petróleo.

A diferencia de hoy, en ese momento un sentido colectivo de responsabilidad con el país y su futuro mantuvo apagado el perifoneo.

Nadie salió a pregonar la debacle de la seguridad democrática.

Eso habría sido tanto como anunciar, y a fuerza de anunciar, estimular el fortalecimiento de la insurgencia.

El sector empresarial no puede extraviarse en la posición que exige esta coyuntura: la destrucción de la infraestructura es expresión de debilidad de las guerrillas y recurso transitorio que obliga a reacciones transitorias. Una estrategia de contención a tal arremetida debe gravitar sobre factores políticos, judiciales y mediáticos, y no solo sobre opciones militares.

Ernesto Borda M

Presidente de Trust Consultores

eborda@trust.com.co

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