Desde hace unos meses se está dando un forcejeo sobre las normas que regirán el registro de medicamentos biotecnológicos que tendrá serios efectos sobre el sistema de salud colombiano.

De un lado, el Ministerio de Salud busca garantizar la seguridad de los pacientes y facilitar el acceso a los medicamentos.

Del otro, la industria farmacéutica multinacional pretende imponer normas que bloqueen el registro de medicamentos que compitan tanto con los que ya está vendiendo en el país a precios exorbitantes como con los que venderá en el futuro.

Los biotecnológicos son medicamentos cuyo ingrediente farmacéutico activo es obtenido mediante el empleo de microorganismos o células vivas por la tecnología del ADN recombinante y/o técnicas de hibridoma.

Son fruto de avances científicos recientes y se usan en enfermedades como el cáncer, la artritis reumatoide o patologías neurológicas. Son, además, un gran negocio para las multinacionales farmacéuticas.

En el 2010, el gasto mundial en biotecnológicos ascendió a unos US$140 mil millones, y creció al doble del ritmo del gasto farmacéutico total.

En Colombia, buena parte de los desbordados recobros al Fosyga corresponde a estos productos. Ocho de los 10 principales medicamentos recobrados al Fosyga en los últimos tres años son biotecnológicos, y entre el 2008 y el 2011 se pagaron cerca de $600 mil millones en los recobros de sólo 15 medicamentos biotecnológicos.

Un reciente estudio de Fedesarrollo sobre competencia de biotecnológicos en el país y su impacto sobre las finanzas de la salud encontró que los precios de los que tienen competencia en el mercado colombiano tienden a ser más bajos que el promedio internacional. Por el contrario, cuando no hay competidores se dan abusos como precios en Colombia que llegan a ser más de diez veces los del mismo producto en naciones como el Reino Unido.

La OMS y diversos países han reconocido que los avances en el campo de la biotecnología permiten desarrollar fármacos biocompetidores con estándares de calidad, eficacia y seguridad comparables con el de referencia y suficientes para predecir su actividad farmacológica y terapéutica, y han planteado directrices que promueven su aprobación.

El Ministerio de Salud ha puesto en discusión un proyecto de regulación que recoge esos lineamientos. Con afirmaciones falaces, cálculos tendenciosos y lenguaje violento, cercano al terrorismo verbal, Afidro, el gremio que defiende los intereses de las mutinacionales farmacéuticas, ha desatado un feroz ataque contra este proyecto.

El interés económico de este de esta arremetida ha sido expuesto patentemente con la intervención de la oficina del representante comercial de EE. UU. (USTR), a través de una comunicación al Ministerio de Salud sobre este tema, el cual está totalmente fuera de su ámbito, pues el proyecto no es de índole comercial, sino sanitaria.

Entre el 2006 y el 2010, 12 de las 15 multas más grandes a farmacéuticas multinacionales en EE. UU. fueron para afiliados a Afidro. Estas oscilaron entre varios centenares y miles de millones de dólares y correspondieron a faltas como violaciones en prácticas de manufactura, promoción de indicaciones no aprobadas y publicidad engañosa.

Que, simulando un interés en la salud de los colombianos, el gremio de esas compañías en Colombia pretenda imponer aquí las normas sanitarias que sirven a sus intereses es, por lo menos, un chiste. La única salud que les interesa es la financiera de los que pagan sus salarios.

Por eso, el Ministerio de Salud debe emitir sus normas aislándose de la indebida presión de estos mercaderes y buscando, como lo está haciendo, el beneficio general de los colombianos.

Emilio Sardi

Vicepresidente ejecutivo de Tecnoquímicas