Ya son muchos los países de América Latina y el Caribe en los que sus planes de desarrollo incluyen la innovación como factor esencial para alcanzar importantes transformaciones.

Bajo este concepto, se promueve la renovación productiva, las nuevas tecnologías, la investigación científica y mejorar los registros de patentes.

A pesar de estos avances en materia de política pública, la innovación social no aparece con la fuerza necesaria en las agendas de desarrollo.

Esta disciplina, que tiene una gran bibliografía analítica, pero se ha dinamizado en los últimos 15 años, consiste en el proceso mediante el cual se construyen ideas, proyectos, iniciativas, políticas, instituciones y organizaciones orientadas a transformar positivamente la sociedad.

Las características de la innovación social son claras. Busca mejorar las condiciones de la sociedad como un todo; fomenta un proceso inclusivo, participativo y deliberativo con varios actores sociales; requiere liderazgo, visión y compromiso comunitario; opera exitosamente en un contexto de cooperación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil y, según el Centro para la Innovación Social de la Universidad de Stanford, debe ser “novedosa, efectiva, eficiente, sostenible y justa para abordar un problema social”.

La innovación social se diferencia de la tecnocéntrica en que tiene una orientación comunitaria, está direccionada por el bienestar colectivo, no esta ligada a una industria puntual y, generalmente, no tiene ánimo de lucro.

En su concepto, la innovación social permite que los ciudadanos actúen y lideren procesos simples o complejos que mejoren su entorno, tal vez, por eso, quepan dentro de este espectro soluciones como las microfinanzas, los presupuestos participativos, las plataformas educativas virtuales y gratuitas, los parques agrícolas comunitarios, entre otros.

Hay varios países que han visto el enorme potencial de incluir sistemáticamente a los ciudadanos en la solución de los problemas sociales y han creado marcos de política pública que merecen ser examinados.

La Casa Blanca, en el 2009, creó la Oficina para la Innovación Social con un fondo concursal de apoyo a proyectos; Sitra, el fondo finlandés de innovación, abrió su abanico a estas iniciativas; Nesta, en el Reino Unido, ha hecho lo propio fomentando soluciones con capacidad de expandirse, que provengan de los ciudadanos.

En América Latina hay organizaciones de la sociedad civil que han logrado importantes innovaciones sociales, como Un Techo para mi país; en Chile, Galpao Aplauso, en Río de Janeiro, y Fútbol con Corazón, en Colombia.

Pero ellas han surgido de manera casi ‘silvestre’, producto de la templanza de sus promotores, encontrando apoyos estructurales solo en el momento del éxito.

La innovación social debe hacer parte de la agenda pública.

Esto demanda un sistema de diálogo con la comunidad, estimular la participación propositiva en las universidades y colegios y crear fondos para proyectos y concursos de ideas con apoyo público-privado. Las sociedades donde las soluciones emanan del Estado y de la ‘creatividad’ de los políticos son cosa del pasado.

Iván Duque Márquez

Analista -Consultor internacional

 ivanduquemarquez@gmail.com