Definitivamente las grandes transformaciones de un país inician con mayor facilidad si existe voluntad política, pero culminan con éxito si se logra focalizar la voluntad general y el apoyo ciudadano hacia esa meta que se postula como medio para el bienestar colectivo.

Lo que ha sucedido y lo que sucederá con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras estará determinado por el apoyo que le otorguen los colombianos.

Y es que los obstáculos para que miles de desplazados y campesinos reciban una parte de la tierra de este país no serán pocos. Históricamente, en Colombia y en el mundo, la lucha por la posesión de la tierra ha sido un factor constante en el origen y el desarrollo de los conflictos; con las leyes y con la ilegalidad se ha disputado este recurso que está en la base del sistema de producción económica, y por tanto, una fuente de riqueza casi segura. Debido al puesto que tiene la tierra en el origen de los conflictos y en la economía, cuando un Estado logra garantizar los derechos de propiedad y reducir la desigualdad en la tenencia de la tierra, se ha recorrido la mitad del camino hacia la paz.

En los próximos años, si las cosas salen como están previstas, los colombianos recordaremos al actual Gobierno como el promotor de una trasformación del panorama rural.

Si hoy se puede hablar de una posibilidad real de paz, no es tanto por los golpes a los grupos armados ilegales, sino por el aporte de leyes que convierten un ambiente de conflicto en uno de vida, es decir, cuando se pasa de condiciones de miedo y de ingobernabilidad a condiciones de ‘posibilidad’, donde construir un proyecto de vida le es permitido a todos.

¿Cómo puede el Gobierno convertir el campo en un ambiente de vida?

Lo primero es recuperar plenamente el monopolio de las armas y a la vez velar porque la propiedad en el campo sea un derecho invulnerable.

La seguridad y el respeto a la propiedad son dos condiciones mínimas para la paz. Lo segundo es devolverle la calidad a la vida rural igualándola con la vida urbana; para ello, la inversión del Gobierno debe ser ambiciosa en educación, salud, saneamiento básico, vivienda e infraestructura. Finalmente, y sin ser menos importante, el Gobierno debe seguir promoviendo la producción eficiente del campo, iniciando con un proceso de acompañamiento, pero tendiendo a la formación de trabajadores del campo autónomos, que sean responsables con su estabilidad económica y con la de su comunidad, pero que también mantengan prácticas amigables con el medio ambiente.

En el campo, por la tierra, se han originado conflictos que la humanidad recordará con dolor. Pero también en el campo está la llave para reducir desigualdades y construir la paz.

Ricardo Rojas Parra

Economista

Profesor universitario riropa@gmail.com