En economía intentamos contabilizar todo.

Es la obsesión por tener cifras que nos ayuden a entender la realidad. Tenemos muchas estadísticas, pero no siempre las más interesantes. Sería apasionante saber cuánto le cuesta a Colombia las mentiras.

Si hay algo admirable de la cultura estadounidense es la seriedad con la que se castiga la mentira.

Cualquier falta, por pequeña que sea, se agrava de manera significativa si de por medio hay una falsedad.

Decir una mentira es un asunto serio que presupone la culpabilidad de quien lo hace. No decir la verdad traslada la carga de demostrar la inocencia al que comete el perjurio. A Bill Clinton no se le reprochaba su conducta cuando tuvo relaciones indebidas con Mónica Lewinsky, lo que llevó al Congreso a abrir una investigación judicial en la Cámara de Representantes fue el hecho de haber mentido bajo juramento.

Su comportamiento personal podía ser indebido, pero resultaba de extrema gravedad que el Presidente mintiese.

En Colombia, la mentira es un asunto banal y cotidiano. Se miente sobre cosas graves y sobre asuntos menores. A nadie se le reprocha ni se castiga por mentir. En nuestro sistema judicial los testigos mienten y envían a inocentes a la cárcel. Luego se retractan y no pasa gran cosa.

¿Cuántos inocentes han sido condenados por versiones falsas? ¿Cuántos culpables están libres por declaraciones que son perjurios?

El costo económico de las mentiras es colosal. Los procedimientos parten del supuesto de que en Colombia la gente dirá mentiras. Por eso se imponen todo tipo de controles, muchos de ellos absurdos. Tal vez el mejor ejemplo sea la autenticación de documentos y la mayoría de los trámites notariales. Se presume que todos decimos mentiras y por eso no creemos ni la validez de los documentos, las firmas, los sellos, etc.

El campeonato mundial de la desconfianza ocurría con los trámites para el exterior.

Había que autenticar el documento, luego autenticar la firma del notario que firmaba el documento ante la Superintendencia del Notariado, y era necesario autenticar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores la firma del Superintendente.

Lo lógico habría sido pedirle al Presidente de la República que autenticara la firma del canciller y luego llevar todo el papeleo a las Naciones Unidas para que autenticaran la firma del Presidente de Colombia.

La mentira encarece el funcionamiento de la economía. Los títulos de propiedad se suponen falsos, los cheques sin fondos, los certificados y diplomas chimbos, los billetes falsificados, el trago adulterado, la factura con sobrecostos, las declaraciones de impuestos incompletas y los productos de contrabando.

Todos estos casos son mentiras y para evitar que proliferen inventamos múltiples controles, restricciones, permisos y talanqueras que hacen nuestra vida difícil y aumentan los costos de las transacciones económicas.

Si existieran estadísticas sobre el costo económico de la mentira muy seguramente mostrarían que este país avanza con el freno de mano puesto. La buena fe no tiene ningún valor y por eso tampoco consideramos que sea grave mentir.

Miguel Gómez Martínez

Profesor del Cesa

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