Con motivo del lanzamiento de un libro escrito por Miguel Urrutia sobre la crisis de 1999, Guillermo Perry, ministro de Hacienda durante el complicado lapso 1995-1996, en un artículo publicado en ‘El Tiempo’, hace unas reflexiones acerca de los puntos de vista expuestos por el autor del texto, en particular aquellos que a su juicio fueron el núcleo del grave problema.

Al decir de Perry, el daño que la crisis causó a la economía fue tan profundo y duradero porque hubo tres crisis en una: fiscal, cambiaria y financiera.

En esto, está en un total acuerdo con Urrutia, quien afirma: “En historia económica no es común que se presenten los tres fenómenos al tiempo, pero, cuando esto ocurre, el efecto sobre la economía puede ser devastador”.

La historia ha demostrado que -al contrario de lo que pasa con las cumbres- tener tres crisis en una resulta muchísimo más costoso, advierte Perry.

Pero, algo más, quienes reducen el episodio a una crisis fiscal no extraen de él todas las lecciones de política que son relevantes para el manejo actual.

Luego de repasar de manera breve aspectos destacados del difícil tránsito, aborda un tema en el cual tuve mucha participación.

En efecto, con mi coordinación, un distinguido equipo de profesionales pertenecientes a distintos grupos políticos, con especial dedicación y seriedad, discutió a profundidad buena parte de los asuntos relacionados con el gasto público, aspecto fundamental para la política fiscal, pero muy poco estudiado.

Le atribuye Perry a la crisis política del proceso 8.000 la imposibilidad de poner en práctica las recomendaciones de la Comisión. De hecho, la desafortunada circunstancia sirvió de pretexto para poner en serias dificultades las posibilidades de hacer las reformas necesarias.

No obstante, quince años después de ocurrido el caso, la lección es clara: hay que hacer las reformas constitucionales a tiempo, así sean políticamente difíciles, es el punto de vista del exministro.

Qué lástima que la administración Samper no hubiera hecho el ejercicio, pues muchos habrían sido los dolores de cabeza que el país se habría ahorrado, entre ellos no dejar que los vicios se enquistaran de forma más profunda en el tejido fiscal.

Para no ir tan lejos, en lo que respecta a la administración del Estado, eran varios los aspectos que a nuestro juicio se debían atender porque son fundamentales para la política fiscal, pero no son tenidos en cuenta cuando se trata de hacer los ajustes del sistema.

Basados en el planteamiento teórico según el cual “la característica fundamental de la administración pública es el carácter político de sus acciones y la consecuente obligación de adelantar la gestión con base en la Constitución Política y las leyes”, muchos piensan que en el sector público no se debe exigir calidad en los servicios, ni asignación correcta de los recursos, sino conformarse con que se evite la excesiva concentración de poderes.

Sobre el particular, hay que recordar que las discusiones sobre el déficit fiscal aluden a su magnitud, los mecanismos de financiamiento, sus orígenes, sus probables incidencias y, en ocasiones, su definición.

Empero, lo cierto es que la controversia se mueve en el ámbito técnico, como si su naturaleza fuera simplemente un asunto de proporciones cuantitativas.

En conclusión, las controversias alrededor del déficit fiscal desbordan los linderos convencionales de las discusiones técnicas en economía. Por ello, es necesario afrontarlas rápidamente.

Gabriel Rosas Vega

Exministro de Agricultura

rosgo12@hotmail.com