El Valle del Cauca, importante departamento colombiano, que por años se disputó con Antioquia la posición de liderazgo en la geografía nacional, viene afrontando desde tiempo atrás situaciones difíciles que han derivado en su debilitamiento y en la pérdida de su categoría especial como departamento.

El tema de las vigencias futuras es uno de los más delicados, el cual ha golpeado sus finanzas y la posibilidad de gestión.

Este mecanismo de financiación para obras de infraestructura puede aplicarse dentro de condiciones legales. Sin embargo, si esas condiciones se cumplen, no es el único aspecto a tener en cuenta para la utilización del mismo.

En el caso del Valle del Cauca, la contratación de algunas obras de infraestructura comprometiendo presupuestos hasta el 2020, mediante la figura de vigencias futuras, tiene un tinte de inconveniencia por varias razones: el mismo departamento ha analizado los costos de las obras y los pagos finales que se han proyectado y ha considerado que el valor que a la postre se cancelará a los contratistas es muy oneroso, y que el departamento queda comprometido a muy largo plazo, con lo cual afrontaría una condición presupuestal bastante inflexible, lo que le impediría un manejo de los programas y políticas que los gobernantes de turno consideren básicos de acuerdo con los planes definidos y las necesidades prioritarias actuales y futuras de la región.

La Procuraduría General de la Nación, en visita y estudio que hizo sobre los respectivos contratos, consideró muy costoso para las finanzas del departamento el pago de estas concesiones, ya que la amortización de estas se calculó con una tasa interna de retorno de 23,3%, y que la ejecución de los mismos traería inconvenientes al departamento, y por tanto que es posible su terminación de mutuo acuerdo y mediante una conciliación, figuras jurídicamente válidas, cuando se realizan dentro de las normas y condiciones legales.

De la misma manera, la Contraloría General también incluye en su informe las consideraciones expresadas por la Procuraduría.

Por tanto, es claro que al departamento le es conveniente la terminación de mutuo acuerdo y la conciliación de los valores de la misma, de forma que se libere de unas obligaciones onerosas y a muy largo plazo.

Hay que entender que lo que deben buscar los gobernantes y debemos respaldar los ciudadanos es la optimización de los recursos públicos, generados en pagos de impuestos, tasas y contribuciones por los mismos ciudadanos, dentro de una total transparencia, con miras a mejorar las condiciones de vida de toda la población bajo criterios de equidad, y propender por el desarrollo e insertar el departamento en la integración global económica y comercial, especialmente con el Pacífico, para lo cual tiene ubicación estratégica, obedeciendo a planes y políticas visionarios que prioricen las inversiones en las mejores condiciones financieras y de ejecución.

María Sol Navia

Ex ministra de Trabajo

msol.navia@gmail.com