El Banco Mundial (BM) adelantó una evaluación sobre el manejo del riesgo de desastres en Colombia.

Encuentra que los factores por los cuales el riesgo ha venido acentuándose tienen que ver, más con una inadecuada gestión institucional, que con un incremento en causas determinantes, como el cambio climático.

Argumenta que los avances mundiales en gestión de riesgo no han conducido a la adopción de una política nacional en ese frente.

Tal ausencia desincentiva a los ciudadanos y al sector privado a desarrollar medidas de protección.

Esto se exacerba cuando se considera que el Gobierno es el que debe asumir las responsabilidades en caso de siniestros. Según el informe, las acciones han sido reactivas, como respuesta a los sismos y calamidades.

De acuerdo con una encuesta presentada en el informe, el 18 por ciento de los colombianos no se siente expuesto a ningún tipo de riesgo por fenómenos naturales que ponga en peligro su vida.

Solo el 61 por ciento cree que se deben tomar medidas para reducirlo, y el 35 por ciento reporta haberlo hecho.

El 39 por ciento cree que la implementación de medidas es responsabilidad exclusiva del Gobierno y las entidades de socorro.

Como resultado de los bajos niveles de reconocimiento sobre el riesgo y la necesidad de disminuirlo, generalmente no se usan los mecanismos de protección y aseguramiento de edificaciones y patrimonio particular, lo que aumenta la presión y el riesgo público (vulnerabilidad fiscal).

Esta apreciación se confirma con la información de Fasecolda, que indica que solo el 7 por ciento de las pérdidas generadas por el fenómeno de ‘La Niña’ estaban aseguradas, mientras que en el terremoto del Eje Cafetero, el 10 por ciento de las pérdidas directas estaban cubiertas con un seguro.

De otro lado, en Bogotá, únicamente el 4,5 por ciento del total de las copropiedades están aseguradas, y en las demás ciudades esta cifra puede ser menor.

Para mejorar la gestión frente a desastres, el texto propone convertir la gestión del riesgo en una política de Estado; aumentar la eficacia de las inversiones en dicha materia; fortalecer la capacidad local para la gestión territorial; reducir el peligro de inundaciones y deslizamientos por medio de la planeación, inversión y articulación de los diferentes agentes responsables de la administración de cuencas hidrográficas; acotar las responsabilidades públicas y privadas y profundizar las políticas de reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado.

Para este efecto, sugiere poner en marcha una estrategia de protección financiera del Estado, ajustar la normatividad para definir la responsabilidad del sector privado, y promover estrategias para la generación de conciencia y capacidades de la población para la gestión del riesgo.

El Estado colombiano ha comenzado a definir de manera concienzuda una política para enfrentar este tipo de catástrofes. El Congreso aprobó la Ley 1523 de 2012 sobre Gestión del Riesgo de Desastres. De otro lado, según el Artículo 220 del Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Hacienda publicó su estrategia financiera para disminuir la vulnerabilidad fiscal del Estado ante la ocurrencia de un desastre natural.

A estas iniciativas se suma la contratación de un préstamo contingente de US$250 millones con el BM para enfrentar catástrofes naturales. Estas iniciativas constituyen un avance hacia una nueva institucionalidad en materia de gestión de riesgo.

El reto ahora es consolidarla.

Roberto Junguito

Presidente de Fasecolda

rjunguito@fasecolda.com