La marcha realizada por las calles de Bogotá el lunes anterior no es un evento que pueda pasar desapercibido o ignorado.

En un país con la pésima distribución del ingreso como la que tiene Colombia, con grados de pobreza y miseria altísimos, y la tasa de desempleo más elevada de América Latina, ningún movimiento masivo reclamando sus derechos sociales es desestimable.

No solo por razones de estabilidad política, sino por obligación ética y moral, se les debe prestar atención.

Las reformas macroeconómicas e institucionales introducidas en el país no han servido de mucho para resolver los complicados problemas de pobreza y marginalidad.

Si bien, se debe reconocer que han implicado la reconversión de varios sectores productivos e incidido de forma apreciable en el empleo, en comparación con lo ocurrido en otros países de la región los avances logrados en Colombia distan de ser satisfactorios.

Aunque uno de los objetivos buscados mediante la apertura comercial, las privatizaciones y la desregulación de algunos mercados ha sido modificar la asignación de los recursos productivos mediante un uso más eficiente, la verdad es que la situación sigue siendo bastante mala.

Las transformaciones, según se anticipaba, generarían inevitablemente algún costo social, dado que los sectores antes protegidos o favorecidos por las regulaciones reducirían sus grados de producción y de empleo de recursos humanos y de capital. Sin embargo, se esperaba que las reformas impulsarían a corto y mediano plazos fuertes aumentos de productividad, que le darían gran impulso a la economía en su conjunto.

En ese contexto, los sectores más beneficiados por los cambios generarían un dinamismo suficiente como para absorber, directa o indirectamente, el desempleo inicial.

En este momento, las expectativas solo se han cumplido muy parcialmente, entre otras razones porque el mayor dinamismo se ha concentrado en sectores intensivos de capital o en explotaciones de recursos naturales no renovables.

Para interpretar el asunto, cabe señalar que, en líneas generales, durante los últimos años se ha observado que en aquellos países de América Latina en los que ha sido posible recuperar un cierto dinamismo económico, reducir la inflación, mejorar la ocupación de la fuerza de trabajo y poner en marcha políticas públicas eficientes, se ha conseguido avanzar hacia la superación de la pobreza.

No obstante, no sucede lo mismo en el ámbito distributivo, donde bajo similares condiciones, los resultados han sido menos alentadores, como en el caso de nuestro país. Por ese motivo, muchas veces se repite algo que se debe aceptar y poner en práctica: no basta reforzar el crecimiento económico y el empleo de la mano de obra, sino que, además, es necesario incorporar medidas relacionadas con educación y salud, y otras más.

La persistencia de la pobreza y la rigidez distributiva han dificultado la constitución en nuestro país de una sociedad más integrada. Por definición, una sociedad integrada es aquella en que la población se comporta de acuerdo con estereotipos socialmente aceptados y en la que hay una confluencia de las metas culturales y la formación de capacidades que permita a los ciudadanos aprovechar tales oportunidades.

Lejos estamos de cumplir estos requisitos, motivo por el cual se torna imperativo hacer todo cuanto sea posible para salir de la situación en que nos encontramos.

El hecho de que la movilización hubiere sido financiada por una u otra agrupación, no puede convertirse en pretexto para no atender los reclamos.

Gabriel Rosas Vega

Exministro de Agricultura

rosgo12@hotmail.com