“El mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”. Este es el principio fundamental que resume el objetivo de Santos al establecer un Gobierno de tercera vía. Así quedó plasmado en la Ley 1450, que expidió el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Prosperidad para todos. En ella, se supedita el éxito de convertir a Colombia en un país más próspero y equitativo a la efectividad de la ejecución de las entidades del Estado, pero también a la activa participación del sector privado y de la sociedad civil.

Según el PND, el Estado despeja el camino, fija las reglas y dirime los conflictos, pero son el sector privado y la sociedad civil quienes lo construyen y lo recorren.

El PND basa el crecimiento económico del país en el desarrollo de las regiones y faculta a las Comisiones Regionales de Competitividad para liderar este proceso. A través de ellas, espera la activa participación del sector privado en la formulación de proyectos productivos, de infraestructura y de otros que estén encaminados hacia la prosperidad regional.

Dicho desarrollo se financiará con las regalías provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables.

Se estima que en los próximos 8 años los ingresos por regalías alcancen $94,8 billones, más del doble de recursos generados por este concepto entre el 2000 y el 2011 ($46,6 billones). Por ello, el Congreso acaba de modificar en la Constitución Nacional, la forma en que se distribuyen las regalías y crea el Sistema Nacional de Regalías (SNR).

La reforma a la Ley de Regalías es una oportunidad única para diseñar un mecanismo que conlleve al uso eficiente de estos recursos.

En ella se contempla la creación de fondos y establece el porcentaje de los ingresos del SNR, que se destinará a cada uno de ellos así: 10% al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación; 10% para ahorro pensional territorial, y hasta 30% para el Fondo de Ahorro y Estabilización.

El resto de los ingresos, que sería mínimo 50%, se distribuirá: 20% para asignaciones directas a entidades territoriales que adelanten exploraciones o sean puertos por donde se transporten dichos productos; y, del 80% restante, el 60% se dirigirá al Fondo de Compensación Regional y el 40% al Fondo de Desarrollo Regional. También se prevé el uso de recursos para inversiones físicas en educación.

Adicionalmente se establece que los proyectos que se financien con estos recursos deben estar en línea con el PND y con los planes de desarrollo de las entidades territoriales, y serán definidos por los órganos colegiados que estableció el acto legislativo que reforma la Constitución.

Además, la ley reglamentaria de dicho Acto podrá crear comités de carácter consultivo para los órganos colegiados, con participación de la sociedad civil. Para que las expectativas que tiene el Gobierno del sector privado se concreten, es fundamental la participación de este último en esos comités consultivos.

Pero para ello, es necesario crear y comunicar los incentivos que harán que este se vincule. De no ser así, el objetivo del presidente Santos de establecer un Gobierno de tercera vía sería difícil de lograr.