En su libro ‘¿Por qué fallan las naciones?’, los destacados profesores Daron Acemeglu del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y James Robinson de la Universidad de Harvard, quien también enseña en la Escuela de Verano de la Universidad de los Andes, adelantan un profundo análisis histórico sobre las grandes diferencias de ingreso actuales entre los países más avanzados y los pobres, y los motivos que han conducido a estas brechas.

Los autores descartan las hipótesis de tipo geográfico, cultural y de ignorancia o mal manejo por parte de los gobernantes, que se han dado en la literatura para explicar tales diferencias y argumentan, convincentemente, que lo que ha llevado a unas naciones a prosperar de manera sostenida y a otras a fracasar han sido, en esencia, sus instituciones.

Sostienen que los países que han fallado o fracasado son aquellos que han establecido instituciones que denominan como “extractivas” o que favorecen a los grupos selectos de la sociedad, frente a las catalogadas como “inclusivas” y que corresponden a organizaciones y políticas que estimulan la educación, el cambio tecnológico y el bienestar, mediante la participación de toda la población.

Los autores contrastan las instituciones coloniales españolas impuestas en los países de América Latina, como, por ejemplo, las mitas para la explotación de las minas, y las encomiendas y los conciertos agrarios para la explotación de las tierras, en los que se establecían obligaciones de trabajo sobre los aborígenes a favor de los colonizadores, las cuales califican como esencialmente “extractivas”, con las puestas en marcha por los colonizadores británicos, en lo que ahora es Estados Unidos, quienes se vieron obligados a establecer instituciones más democráticas e “inclusivas”.

El excelente recuento histórico y análisis de

‘¿Por qué fallan las naciones?’ a lo largo de la historia, como en el caso de Venecia, Roma y hasta la Unión Soviética, nos lleva a meditar, sin duda, sobre el desarrollo institucional colombiano y a preguntarnos hacia dónde vamos en las reformas de nuestras instituciones económicas.

Colombia, en el ámbito de América Latina, tiene buena reputación por su manejo económico responsable y ortodoxo, el cual se atribuye al respeto por la ley y los derechos de propiedad, así como a nuestro profundo sentido de cumplimiento con las obligaciones financieras y al establecimiento de instituciones clave para el manejo económico, como lo es un banco central independiente.

No obstante, cabe reflexionar sobre el carácter de nuestras instituciones y los cambios que deben adelantarse.

Lo primero que debemos analizar son nuestras instituciones fiscales, las cuales no parecen estar beneficiando a la sociedad en general, pues se ha comprobado que la estructura fiscal no es progresiva y el gasto fiscal favorece a unos pocos.

Otra área donde se están adelantado reformas más “inclusivas” se refiere al acceso a la tierra mediante la puesta en marcha de la Ley de Restitución de Tierras.

Así, el Gobierno ha anunciado su interés por llevar a cabo una reforma pensional que permita que todos los colombianos y no un selecto grupo puedan contar con ingresos a su edad de retiro, y del lado de la regulación financiera viene adoptando medidas para proteger al consumidor y garantizar la competencia.

Estos cambios son bienvenidos siempre que se traduzcan en el establecimiento de instituciones “inclusivas” permanentes y no en simples cambios transitorios de carácter populista o electoral.

Roberto Junguito

Presidente de Fasecolda

rjunguito@fasecolda.com