Definitivamente y ante el histórico fracaso de las funciones judiciales del Congreso que existen en la Constitución desde 1886, todos los días surgen propuestas para tratar de mejorar un sistema, fallido casi desde su nacimiento.

No ha sido posible que en Colombia prosperen juicios contra presidentes de la República o magistrados de las altas cortes.

En el Siglo XIX se conocieron los juicios puramente políticos que se adelantaron contra Mosquera y Obando, este último por una supuesta debilidad frente al golpe de Estado del general Melo el 17 de abril de 1854.

En el siglo XX solo avanzó el juicio contra Rojas Pinilla, quien después de ser condenado por un Senado integrado por enemigos políticos, fuera rehabilitado y absuelto por la Corte Suprema de Justicia.

Es más reciente el caso de Ernesto Samper, procesado por los episodios de la financiación ilegal de su campaña y cuyo proceso terminó por preclusión en la Cámara de Representantes –en decisión que hizo tránsito a cosa juzgada– en 1996.

Ninguna investigación contra los presidentes en el siglo XX y en lo que va corrido del XXI ha prosperado en el Congreso. Los comités judiciales del Senado, por ejemplo, funcionan en Estados Unidos, como lo demuestran los casos de Nixon y el propio de Clinton.

La prueba de que ese sistema como está planteado es fuente de impunidad es el hecho de que cuando los ministros gozaban del mismo fuero congresional, ninguno de ellos fue realmente procesado, mientras que a partir de la Constitución de 1991, que asignó la investigación y juzgamiento a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia, varios de ellos han sido procesados y condenados.

Actualmente están siendo investigados algunos de los miembros del gabinete del anterior Gobierno, por casos de corrupción y abuso de poder. Antes era impensable.

Pero tampoco ha sido posible la deducción de responsabilidades contra magistrados de las altas cortes, lo que sí ha ocurrido en países vecinos.

La Constitución de 1991, colocó a congresistas y magistrados en la posición de ser mutuamente investigados e investigadores, lo cual en cierta forma ha trabado los procedimientos.

Recientemente se presentó la polémica sobre la posibilidad de que la Contraloría pudiera adelantar juicios fiscales contra aforados, es decir, magistrados y presidente de la República. El Consejo de Estado se pronunció en el sentido de que independientemente del fuero constitucional, esos altos funcionarios podrían ser objeto de juicio fiscal por la Contraloría.

En el tema de los congresistas, también llueven las propuestas.

La más reciente es la del nuevo Fiscal, encaminada a que el ente acusador pueda adelantar la investigación y acusar, para que juzgue la Corte Suprema. Todo parece indicar que la propuesta no fue aceptada en esa colcha de retazos en que se ha convertido la llamada reforma a la justicia.

Una fórmula sencilla consistiría en dejar en el Congreso solamente el proceso de desafuero al Presidente y a los ministros, y en un tribunal especial, de las más altas calidades y con plena independencia, la investigación y juzgamiento de los altos funcionarios del Estado. Solo así, podríamos un día, acabar con esa fuente de impunidad, amparada hoy en la propia Constitución.

Alfonso Gómez Méndez

Jurista -Político

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