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Sábado 20 de Septiembre 2014

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La ley de infraestructura

Abril 3 de 2013 - 6:40 am



El Gobierno ha comenzado a hacer públicos los proyectos de ley que va a presentar ante el Congreso en el primer semestre del 2013. Sin lugar a dudas, las iniciativas gubernamentales que hasta el momento han despertado mayor interés de los medios de comunicación y de la sociedad en general son las que buscan modificar el sistema de salud y el régimen pensional colombiano.

Otro de los proyectos que se ha anunciado y acaba de ser radicado en el Congreso, pero aún no se ha discutido a profundidad, es el que pretende introducir cambios en los proyectos de infraestructura de transporte. Esta ley resulta fundamental cuando se tiene en cuenta que Colombia, comparado con otros países del mundo, presenta un rezago considerable en el desarrollo de infraestructura. Ocupa el lugar 85 en la calidad de la misma y el puesto 124 en relación con la calidad de sus carreteras, entre 144 naciones.

En la propuesta legislativa del Gobierno se toman en consideración algunas de las recomendaciones planteadas por la Comisión de Infraestructura designada por el presidente Santos, la cual tuvo a su cargo analizar en detalle los inconvenientes que han dificultado la ejecución de los distintos proyectos en el país, y se introducen mecanismos que mejorarán las condiciones actuales. Por ejemplo, se crea una Comisión Intersectorial de Infraestructura para que defina temas ambientales, prediales, presupuestales, de consulta previa y traslado de redes de servicio; se eliminan las cláusulas excepcionales de algunos contratos; se obliga a conformar un Tribunal Técnico y Financiero para la resolución de controversias contractuales; se permite la entrega anticipada de bienes declarados de utilidad pública, y se crea un seguro de infraestructura con el objeto de proteger las obras frente a los fenómenos naturales.

Si bien las disposiciones indicadas facilitan la resolución de algunos inconvenientes y obstáculos al desarrollo de la infraestructura vial, en el proyecto no se contempla regular otros aspectos que también son claves. Lo ideal es que se aprovechen el momento histórico y los recursos dispuestos por el Gobierno para que se incorporen medidas que resuelvan los problemas de fondo y a largo plazo.

En el tema relacionado con la distribución de riesgos tendría que establecerse que los mismos deben ser asumidos por la parte que esté en mejores condiciones de administrarlos y mitigarlos. En ese orden de ideas, sería importante que los riesgos de tramitar y obtener las licencias ambientales, de realizar consultas con comunidades indígenas, así como el de la adquisición de predios, sean asumidos por el Estado, el cual está en una mejor posición contractual para adelantar esta gestión.

No sería conveniente que por no asumir algunos trámites que pueden ser engorrosos, se pongan en riesgo la ejecución y el buen desarrollo de las obras de infraestructura, que son necesarias para garantizar la competitividad de la industria colombiana, en un escenario de apertura y globalización que se registra a raíz de la celebración de distintos tratados de libre comercio.

Por ejemplo, si las distintas licencias se deben diligenciar ante entidades públicas, lo lógico es que sea el mismo Estado el que adelante la labor correspondiente.

Seguramente, el importante proyecto de ley va a ser enriquecido y mejorado durante el proceso legislativo. Esperamos que en esos debates se evalúe el conjunto de las recomendaciones realizadas por la Comisión de Expertos.

Roberto Junguito

Presidente de Fasecolda

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