La pica de la modernidad demoró en ensañarse contra las murallas de Cartagena. La ciudad, desolada por las guerras de la Independencia, penó casi todo el siglo XIX; no tuvo ni la motivación, ni los medios para derribar sus muros.

Cuando sintiéndose constreñida comenzó a deshacerse de ellos, se hizo tarde. Los horrores de la Primera Guerra Mundial modificaron la idea de progreso.

Con la visita del presidente Marco Fidel Suárez a Cartagena, en 1919, disminuyó el afán. En 1924, la ley prohibió tumbar murallas.

Casi al mismo tiempo, nació la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena (SPM) para protegerlas. El Estado, salvo en el papel, poco se ocupaba de ellas.

El Castillo de San Felipe de Barajas había visto mejores días cuando la Sociedad se hizo cargo, en 1928; era poco más que una pila de escombros y cantera de propiedad privada.

Minuciosa y pacientemente reconstruyó y resguardó la magna obra militar orgullo de Colombia. Fueron muchos años de perseverancia con ausencia, cuando no interferencia del Estado. Para el Ministerio de Obras Públicas con su dirección de Inmuebles Nacionales, el Corralito de Piedra era una carretera más.

¿Y quién ha sido esa tal Sociedad de Mejoras Públicas?

Nadie y todos. Una colectividad anónima de amigos de las fortificaciones que lleva más de 80 años de elegir junta directiva para que las cuide, para salvaguardar el pasado castrense que entraña la esencia de la Ciudad Heroica.

Allí se ha cultivado ad honorem e ininterrumpidamente el sentido de pertenencia. Es más, lo que no ha estado directamente a su cargo, como el Fuerte-Batería de San José de Bocachica, hace poco peligró en el abandono y el olvido, arrasado por sucesivos dragados del canal de acceso a la bahía.

El mantenimiento del Corralito de Piedra se nutre de los ingresos de San Felipe y de los alquileres de bóvedas y baluartes. Siempre ha sido así. Salvo en contadas, aunque notables excepciones, ni Obras Públicas, ni Cultura han aportado.

Los dineros, pulcramente gestionados por una ‘entidad privada sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad’, se invierten sujetos a la vigilanca del Estado. No hay quejas.

Los presidentes –en general de larga permanencia– y los miembros de la junta de la SMP conocen mejor que nadie las viejas piedras y conocen, además, la idiosincrasia de su ciudad.

La eficacia del manejo es evidente en los videos que se difunden hoy por el universo entero y en detalles nimios, como el que las murallas hayan casi dejado de ser mingitorio urbano.

La renuncia de la Sociedad a su centenario quehacer por la Cartagena castrense será una sentida pérdida. Habrá habido por veces lunares en su mandato, pero hiere la honra de la ciudad que se capitidisminuya a probos, idóneos y desinteresados servidores hasta precipitar su dimisión. Hacen bien.

Quedan de fantoches en el nuevo comodato para el cuidado de las fortificaciones (de todas, hasta de las que no existen), suplantados por un Comité de Dirección bajo el control de altos funcionarios capitalinos, cuyo cariño por el Corralito y sus adláteres, entrañable en el caso de la SMP, está por verse.

Esa imposición maulera desde lo alto lastima.

Se le dice a Cartagena que ahora no es capaz de administrar lo suyo, como lo vino haciendo desde antes que existirán declaratorias patrimoniales de la Unesco. Malo, diría don Sancho Jimeno, el héroe de Bocachica en 1697: se restan voluntades guardianes de la historia. Bien se ha dicho que nada es tan difícil como construir una institución que merezca perdurar, y nada es tan fácil como destruirla.

Rodolfo Segovia

Exministro – Historiaor

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