Cuando ya comienza el inexorable proceso, a la colombiana, de olvidar lo que paso con Rosa Elvira Cely, la mujer violada y asesinada en el Parque Nacional por un ‘amigo’ que resultó ser un criminal reincidente con aparentes rasgos sicópatas, vale la pena analizar en frío las lecciones que deben tomarse, de manera permanente, a raíz de este macabro episodio de la crónica roja.

Las condiciones personales que dejan al descubierto parte del drama social de este país: una madre soltera de 35 años, con una hija de 12, que se ganaba la vida en el rebusque vendiendo dulces y minutos de celular en los alrededores del Hospital Militar.

Aún en esa situación, después de agotadora jornada diurna, hacía el esfuerzo de validar el bachillerato en la noche tratando de cumplir el frustrado sueño de llegar a ser psicóloga.

Qué ironía, una mujer humilde que quería tratar los males del alma y de la mente de tantos colombianos, termina asesinada por alguno de los que hubieran sido sus potenciales beneficiarios.

Esta sociedad indolente poco se ocupa de tantos colombianos que como Rosa Elvira, tienen que hacer muchos esfuerzos para conseguir algo que el Estado debía proporcionarle, como educación y un trabajo digno. Qué vergüenza de país, que solo mira hacia los desposeídos cuando han sido víctimas de un homicidio que por sus características llena las crónicas rojas.

El victimario, un desadaptado que había matado a una mujer, y que andaba suelto en la ciudad con toda su capacidad criminal para hacer daño a otras personas.

Solo ahora ha vuelto a hablarse del problema de la salud mental de los colombianos.

¿Con cuántos desquiciados mentales que no muestran rasgos reconocibles tienen que trabajar y convivir los ciudadanos?

Pero aquí se desnudó también el sistema judicial. Si el asesino había sido declarado “inimputable”, es decir, que por trastorno mental transitorio no estaba en capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento, ¿por qué el Estado lo deja libre sin control alguno, y sin internarlo en un establecimiento siquiátrico hasta curarlo? ¿Quién responde por semejante desatino?

Pero, además, el sujeto tenía orden de captura por haber abusado sexualmente de sus menores hijastras.

¿Dónde y en qué escritorio se había ‘enredado’ la solicitud de aprehensión?

¿Por qué no la cumplieron oportunamente, ahora que con el auxilio de la informática judicial, la información vuela?

En otro ámbito, ¿por qué la Policía demoró más de tres horas en atender la solicitud de auxilio de una moribunda que yacía en sitio tan central como el Parque Nacional?

¿Por qué, cuando finalmente llegó la Policía, decidieron llevarla en las condiciones de gravedad en que se encontraba a un sitio en el sur, a mucha distancia del lugar de los hechos, cuando a pocas cuadras había dos hospitales? ¿Será cierto que hay un ‘negocio’ de la salud que permite que esas cosas pasen?

Y ya en el hospital, ¿por qué la paciente recibió atención apenas dos o tres horas después cuando era evidente su riesgo de muerte?

Mas allá de las propuestas calenturientas de siempre (aumento de penas, cadena perpetua, pena de muerte, castración química) debería aprovecharse este desafortunado incidente para analizar en serio la problemática de salud y de justicia en el país. Lo demás, son propuestas para la galería.

Alfonso Gómez Méndez

Jurista - Político

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