De todos los servicios públicos, el más importante es la justicia. Lo es en una sociedad en paz, pues constituye la diferencia entre la civilidad y la arbitrariedad.
Con más razón, una pronta y transparente justicia es indispensable para reducir la violencia en un país en conflicto. El acatamiento de las normas existentes es uno de los mejores indicadores de desarrollo. Por ello las escuelas estructuralistas le asignan al respeto del estado de derecho una gran importancia en el bienestar colectivo.
El Estado moderno se define entonces por la capacidad que tiene de asumir las funciones reales (antes asignadas a los soberanos), y que son tan solo cinco. La primera de ellas es administrar justicia, pues de lo contrario estamos en el reino de la venganza. La segunda responsabilidad es proveer seguridad interna, porque sin ella la anarquía y el desorden impiden el ejercicio de las libertades. La tercera es la defensa frente a las amenazas externas. La diplomacia es la cuarta función estatal indelegable, siendo la emisión de moneda la última de las tareas no privatizables del Estado moderno.
Salvo la emisión de moneda, las demás funciones –seguridad interna, defensa externa, diplomacia y justicia– son ejercidas de forma deplorable por el Estado colombiano. No en vano fuimos considerados durante muchos años como un Estado fallido.
Desde un punto de visto económico, la ausencia de un aparato judicial que opere se traduce en elevados costos para los agentes económicos.
El costo de los contratos se eleva pues, de no existir una justicia eficaz, las partes incluyen un estimativo del valor que implica para ellos la justicia inoperante. La resolución de los conflictos de tipo económico tiene que ser lo más eficiente y transparente posible para que los negocios no se vean afectados por procedimientos y trámites engorrosos.
Si en algo hay un consenso nacional es que la estructura judicial colapsó. Tuvimos el récord de una huelga judicial de más de dos meses y a nadie pareció importarle. Es como si la justicia fuese innecesaria y pudiésemos vivir sin ella. Cada vez los niveles de impunidad son mayores, abundan las sospechas de corrupción en los juzgados, los tribunales y las altas Cortes.
La Fiscalía ha llegado a unos niveles insospechados de politización y la Contraloría ni siquiera tiene oficinas propias. El sistema penitenciario está desbordado y en nuestras cárceles se violan todos los derechos humanos.
Pero lo más grave es que el Gobierno se desentiende del primer problema de nuestra sociedad. La experiencia de la fallida reforma a la justicia, que se entregó a los clientelistas, fue el único intento en cinco años por hacer algo a favor de este sector en crisis estructural. La inestabilidad y el bajo perfil de los ministros nombrados, su ausencia de iniciativas y de liderazgo, es la mejor demostración de lo poco que el asunto de la crisis judicial realmente le importa al Estado.
Ironía máxima es que el proceso de paz, que tanto obsesiona al Gobierno, está condenado al fracaso mientras el tema de justicia no mejore de forma sustancial.
Sería bueno que el Gobierno entendiera que la justicia es fundamental para que un día tengamos paz.
Miguel Gómez Martínez
Profesor del CESA
migomahu@hotmail.com
