Estamos desperdiciando el mayor potencial de crecimiento que tiene nuestra economía: la minería.

En el corto y mediano plazo, la minería es la llave que nos permite conseguir los recursos para dispararnos al desarrollo.

Pero de manera concertada, el poder político, la corrupción y la debilidad del Gobierno están conspirando para frenar el avance de este sector.

La minería es un ramo difícil, en el que se requiere una combinación de buenas políticas y empresas.

Dado el impacto que el sector tiene sobre el medio ambiente, se requieren normas claras y estables que garanticen minimizar los efectos negativos de la actividad.

Pero, sobretodo, es necesario un Estado que haga cumplir la legislación para todos.

Mientras que ciertos mineros cumplen con los requisitos, un número muy grande de pequeñas y medianas empresas violan alegremente las reglas, sabiendo que gozarán de impunidad.

Y para nadie es un secreto que los grupos paramilitares, los narcotraficantes y las redes de corrupción regionales se han venido adueñando de estos negocios, donde pueden invertir sus dineros ilícitos y esconder sus enormes ganancias.

Frente a esta estrategia de las fuerzas corruptas, el Estado duda y teme.

El Gobierno hincha su pecho anunciando la llegada de nuevos inversionistas extranjeros que quieren desarrollar negocios en el marco de la ley. Pero se olvida que para conseguir los permisos de exploración y explotación deben participar otros niveles del sector público.

El obstáculo más complejo es la licencia ambiental.

El Ministerio del ramo no logra definir si quiere o no permitir que la minería avance. La lentitud con la que toma decisiones es pasmosa y no es fruto de su prudencia, sino de su ineficiencia.

A las empresas las mantienen años llenando formatos, presentando estudios, revisando indicadores, sin que se pronuncien sobre la viabilidad ambiental de los proyectos.

El tiempo es dinero y no son pocos los inversionistas foráneos que fueron atraídos por el discurso oficial partidario de la inversión extranjera que hoy se sienten engañados y aburridos de la actitud de los burócratas.

También deben enfrentar a las Corporaciones Autónomas Regionales, verdaderos núcleos de la corrupción, que tienen la capacidad de imponer todo tipo de peajes normativos adicionales, donde florece la presión indebida contra el minero.

Y para completar están los políticos locales, siempre prestos a exigir favores para sus clientelas, financiamiento para sus campañas o de lo contrario amenazan con organizar movilizaciones para bloquear las actividades de la minería.

Todo esto lo conoce el Gobierno, pero no actúa ni ejerce liderazgo. La minería puede hacerse bien o mal.

Si la hacemos bien, con controles estrictos y estándares internacionales, será una promotora de desarrollo para muchas regiones del país.

Pero si no ejercemos un estricto control, los ilegales se van a adueñar de esta riqueza para sus fines oscuros y de paso van a destruir el medio ambiente.

Miguel Gómez Martínez

Profesor del Cesa

representante@miguelgomezmartinez.com