“La paz es el mejor negocio que puede hacer Colombia”. Con esta frase, sin duda válida, se cierra la discusión nunca abierta sobre los costos de paz. Nadie quiere sentarse a valorar lo que costará, pues partimos de la base de que es un excelente negocio.

Pero el ejercicio que nadie quiere hacer depende del enfoque que le demos a la paz y a la guerra. Es obvio que es imposible valorar los costos de la guerra. Están los presupuestales, que se estiman en unos 22 billones al año. Pero ello no incluye los que no pueden ser cuantificados: la muerte de colombianos y los que quedan heridos. Las vidas perdidas en el conflicto no tienen precio, así la absurda ley de víctimas las haya tasado en $20 millones cada una. Tampoco es fácil evaluar los costos indirectos de la guerra en materia de seguridad personal y de infraestructuras. ¿Cuánto hemos perdido con los secuestros, las voladuras de torres, derrames de petróleo, guardaespaldas, automóviles blindados, fuga de capitales, boleteo, robo de ganado o los sobrecostos en las pólizas de seguros? Nunca lo sabremos, porque es inestimable.

Por ello, la paz nos parece, al rompe, un muy buen negocio. Pero valdría la pena mirar de qué tipo de paz estamos hablando. Si se trata de reducir la violencia y evitar las muertes asociadas con el conflicto, ya es una ganancia enorme. El problema es que la experiencia internacional no es muy optimista. Los periodos de posconflicto suelen ser muy violentos. Al respecto, convendría que se revisara el muy interesante artículo publicado por el profesor Juan Carlos Garzón (‘Las limitaciones de la paz. Revista de Estudios Sociales No. 15, junio del 2003), que concluye, refiriéndose a un caso similar como el de Guatemala: “luego del proceso de paz los niveles de violencia no experimentaron un descenso significativo, por el contrario la violencia no política persistió, con un alarmante incremento del secuestro, el robo de vehículos y a residencias, los asaltos en los buses y casos dramáticos de linchamiento público de criminales”. Grave error sería creer que, concluido el proceso de paz, podemos desmantelar las Fuerzas Militares y de Policía, pues no tendríamos que invertir en seguridad. En este campo, no debería haber ahorros si hay paz.

Tampoco habrá economías si el acuerdo implica cambiar el modelo económico, como lo pretenden las Farc. La reforma agraria reducirá la productividad del campo, la fuga de la inversión extranjera considerada por la guerrilla como “enemiga de Colombia”, el desestímulo de nuevos proyectos empresariales, aumento de impuestos necesario para lograr la justicia social, freno a los proyectos mineros y energéticos, las medidas proteccionistas que exige el modelo de autarcía de las Farc, y las restricciones al régimen laboral, tal vez reducirán la productividad y competitividad de nuestra economía. Todo esto se reflejará en un menor nivel de crecimiento.

La paz no es firmar un acuerdo, tomarse fotos y lanzar unas palomas al aire. En la negociación, las Farc pretenden y exigen un pedazo del poder que hoy detienen otros. La paz es un buen negocio, lo que no quiere decir que sea barato. La paz nos va a costar mucho y es bueno que los colombianos lo sepan.

MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

PROFESOR DEL CESA