¡Oh majestad de la justicia! ¡Oh marchitable grandeza! Se parafrasea el himno nacional para enfatizar el menoscabo de la respetabilidad de la justicia durante el trámite de su reforma por el Congreso.

La ley y su acatamiento en abstracto hacen parte de la identidad nacional. Por ello dejó tan mal sabor el triste espectáculo de magistrados haciendo lobby pro domo sua.

Habrá tiempo para sopesar el acierto de la reforma en su propósito de contribuir a impartir pronta y cumplida justicia.

Se quiere ante todo dar curso a expedientes que acumulan polvo en los despachos judiciales.

La credibilidad del estado se pone en entredicho cuando la justicia renguea.

La indefensión del colombiano frente esperas de diez años para decisiones judiciales, socava el ordenamiento jurídico.

Quizá el habilitar jueces provisionales para atender la emergencia mientras la rama judicial sacude la pachorra conduzca a un impasse peor, pero algo hay que intentar.

Igualmente necesario es sacudir la administración de la administración de justicia. La Constitución del 91 optó por entregársela a jueces elevados a la dignidad de alto tribunal.

Craso error, sobre todo cuando determinó origen político para su investidura. Mala idea en general esa de entregar a los médicos la gerencia de los hospitales, un símil aplicable a los juristas. Es sofista pretender que la independencia judicial trasciende los fallos y abarca también el manejo del presupuesto para facilitarlos y la intendencia para encausar la carrera.

El Consejo Superior de la Judicatura resultó un engendro generador de corruptelas y deficientes prácticas gerenciales.

Las críticas del acto legislativo de reforma a la justicia reflejan en buena parte aquello de que lo mejor es mejor, aunque sea enemigo de lo bueno. Quizá tengan razón.

Ya lo dirán los resultados. Inadmisible en todo ello ha sido, empero, el bochornoso circo de togados cabildeando. Como lo dijo con entereza un exintegrante de las cortes: “un magistrado nunca debe hacer presencia en el Congreso”.

Esos ágapes, esas encerronas y esas otras dádivas innominadas mancillaron la majestad de la justicia. Mal se compagina la cacareada independencia judicial, cuando de su fuero se trata, con la intervención tanto descarada como soterrada en lo legislativo.

Las altas cortes participaron, a instancias del Ejecutivo, en la confección del texto de la reforma presentado al Congreso. Intervinieron en un primer momento con críticas ponderadas, que se tornaron airadas al no ser todas tomadas en cuenta.

Vino luego un digno silencio significando reprobación y por último llegó, ¡Oh marchitable grandeza!, el regocijo.

Hicieron el milagro, periodos ampliados de 8 a 12 años, o sea, como se interpretará seguramente la reforma, regresarlos a cero kilómetros por doce años más, y la edad de retiro a 70 años –únicos servidores del Estado inmarcesibles–.

Al mismo tiempo no encontraron objetable la aplicación a los congresistas –subjudice o no– de la doble instancia, a la que tiene derecho hasta la impunidad todo colombiano.

A don Sancho Jimeno nada de lo ocurrido le quita el sueño. En 1697, cuando defendió como un bravo el San Luis de Bocachica, venalidad y toga eran sinónimos, desde la lejana Audiencia en Santa Fe, hasta el aún más lejano Consejo de Castilla, última instancia judicial.

Bolsa llena y sentencias iban de la mano.

A sus descendientes, sin embargo, debe inducirlos al insomnio observar cómo se deslegitima al Estado.

Rodolfo Segovia

Exministro – Historiador

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