Se dijo entonces que era necesario sacrificar un poco de justicia con tal de conseguir la paz con estos grupos, en su gran mayoría integrados por narcotraficantes que causaban grave daño a la paz del país. Hay que recordar que cuando comenzó la actual Administración se afirmaba que las fuerzas paramilitares estaban integradas por unos diez o doce mil individuos 'alzados en armas' para combatir la guerrilla.

Después, aparecieron 'desmovilizados' más de cuarenta mil individuos sin que se sepa con exactitud de donde salieron. También es preciso tener en cuenta que esos grupos surgieron con la colaboración de empresarios, ganaderos, terratenientes y algunos miembros de la fuerza pública.

La reciente vinculación por parte de la Fiscalía de empresarios palmicultores por desplazamiento forzado de campesinos en el Chocó, es una prueba fehaciente de ello. La Ley 975 de 2005 contempla penas entre cinco y ocho años como máximo para quienes confesaran sus crímenes, que sin ella los dejarían por cuarenta y más años en la cárcel.

Esos delitos en su gran mayoría tenían que ver con homicidios, desapariciones, secuestros, torturas y masacres. Esa ley, conocida como de 'justicia y paz', buscaba tres objetivos: penas cortas pero ciertas para los autores confesos de delitos de lesa humanidad, conocimiento pleno de la verdad y reparación integral a las víctimas.

Como es sabido, los principales líderes paramilitares fueron extraditados por el Gobierno -aparentemente por la comprobación de que seguían delinquiendo desde la cárcel- y entregados a Estados Unidos para que respondieran como narcotraficantes puros.

Como alguna vez dijera López Michelsen, se trataba de narcotraficantes disfrazados de contestatarios políticos, a los que extrañamente se les dio tratamiento de insurgentes políticos. El asesinato reciente de Rogelio Martínez, y anteriormente de Yolanda Izquierdo, ambos líderes de la lucha por la recuperación de las tierras arrebatadas por los criminales, es una demostración de que el paramilitarismo sigue vivo.

A cinco años de su vigencia, no ha habido ni una sentencia en firme, a pesar de las múltiples y escalofriantes confesiones. La verdad se ha sabido a medias, pues los paramilitares han tenido memoria selectiva y en otros casos, parecen sufrir de alzhéimer, cuando de recordar nexos de militares, políticos y empresarios se trata.

No han aportado pruebas contundentes de esos nexos. No se han podido judicializar totalmente esos vínculos para conocer la verdad. La gran mayoría de las tierras arrebatadas a los campesinos siguen en manos de los paramilitares o sus testaferros. Las indemnizaciones a las víctimas tampoco se ven.

Sólo se han logrado identificar miles de cadáveres de las fosas comunes, sin la correspondiente responsabilidad penal por los asesinatos.

Las confesiones han sido 'a medias', selectivas o interesadas. La extradición prematura de los capos paramilitares a Estados Unidos ha dificultado sus confesiones, que por cierto nunca quisieron hacer en forma plena cuando estaban aquí, alegando que corrían riesgos. ¿Quién o quiénes los podían asesinar?

Para tan pobres resultados se ha montado un costoso aparato judicial. ¿Cuánto le cuesta al Estado el mantenimiento del aparato de 'justicia y paz'? No tiene ningún sentido la prorroga de una ley que la justicia ha sido incapaz de aplicar plenamente, a pesar de la laxitud de las penas en ella contempladas. El Congreso no debe caer en esa nueva trampa.

gomezgomezabogados@cable.net.co