John May, ingeniero norteamericano, descubrió en 1864 las minas de carbón de La Guajira, y en 1875 los yacimientos del Cesar, que un siglo después se convertirían en polo de desarrollo económico y atracción de inversión extranjera.

Las proyecciones recientes indican que las exportaciones de carbón de Colombia pasarían de 85 millones de toneladas en el 2011 a 124 millones de toneladas en el 2014. La inversión extranjera presupuestada por las multinacionales del carbón asciende a 7.000 millones de dólares en este periodo.

La otra cara de la moneda de la exportación de carbón es la tormenta ambiental generada por los puertos que se ubican en Santa Marta y Ciénaga.

El jaleo se contrae al uso de miles de barcazas al año para el cargue de carbón en los buques fondeados enfrente de la zona turística de la bahía de Santa Marta, en lugar del sistema de cargue directo que utiliza Puerto Bolívar desde 1985 para la exportación de carbón de La Guajira, proveniente de las minas de El Cerrejón.

La Contraloría General de la República terció en la controversia en el 2007 al manifestar que “desde el punto de vista ambiental, no cabe duda que el transporte del carbón en el área de Santa Marta, en la forma en que se ha venido haciendo, produce serios impactos… en ecosistemas tan frágiles como el marino”.

El informe señala cómo los “residuos de mineral de diferentes tamaños, terminan depositados en el agua… por el transporte del carbón desde las barcazas a las bodegas de los buques fondeados”.

La Contraloría prendió las alarmas sobre el derramamiento en los últimos años de más de 1.600 toneladas de carbón tras el hundimiento de barcazas, con los correspondientes “efectos nefastos sobre el medio ambiente”, y advirtió sobre las “turbulencias en el fondo marino por los remolcadores que mueven las barcazas y que generan la remoción de sedimentos”, lo cual se traduce en “el deterioro de la calidad ambiental del área afectada”.

En cumplimiento de los Planes de Expansión Portuaria adoptados desde 1991, el Gobierno expidió el Decreto 3083 de 2007 que dispone el cargue directo de carbón a partir del primero de julio del 2010, cuyo sitio de embarque deberá ser el más próximo a la playa para evitar el uso de barcazas en el cargue marítimo.

Llegada la fecha se incumplió la norma y los puertos que no la obedecían, sin sanción se quedarían. Pasaría un año antes que el Gobierno expidiera otra disposición, incluida en el Plan de Desarrollo 2010-2014, que prorrogaría las condiciones de cargue directo y proximidad de puertos de embarque hasta el 2014, aplazamiento que la Contraloría denominó “premio por infringir la ley ambiental”.

Andrés Espinosa Fenwarth

CEO de Inver10

andresespinosa@inver10.co