Los presupuestos, las perplejidades y los pronósticos sobre Alejandro Ordóñez se han ido desvaneciendo.

Inquisitorial fue aquello de descalificarle por sus convicciones religiosas, como lo hubiese sido el incapacitar a cualquiera por no tenerlas. Se atentó contra principios básicos del ordenamiento jurídico colombiano. El creer o no creer hace ya rato que viene amparado por libertades fundamentales.

En el caso de los encargados de los entes de control es temerario presumir que su fe o falta de ella les lleve a mal interpretar la ley.

Algunos parecerían desear que el Nuevo Reino de Granada de don Sancho Jimeno evolucione (deformaciones de la Constitución de 1991) hacia un curioso país, donde deleitarse con el don de la fe y profesarlo incapacita para ejercer vigilancia legal desde la cumbre, por presuntas incompatibilidades. Habría que decírselo a las docenas de miles de colombianos que acompañan las procesiones del Santo Cristo. Dar testimonio, como lo mandan los evangelios no es asunto de modas, como no lo es el incinerar al librepensador.

Por su parte, don Sancho, defensor del fuerte San Luis de Bocachica contra malvados piratas franceses en 1697, opinaba que sólo la ortodoxia tridentina constituía garantía inobjetable para la conducta del buen juez.

Se hubiese horrorizado al contabilizar cuántos masones visten toga en las altas cortes. Exageraba. Eran otros tiempos. Contrario sensu, igual rasero podría aplicarse a los que desautorizan modernamente a los creyentes.

La ley como expresión de la voluntad mayoritaria, aplicable a procederes de todos los días y ajena a la eternidad, es una de las grandes conquistas del Occidente a que pertenece Colombia.

Su transgresión no es ni más ni menos aceptable, porque se apele a dictados individuales de conciencia. Así ha demostrado entenderlo el señor Procurador.

Cuando Alejandro Ordóñez padece latigazos por su catolicismo, los contradictores muy rara vez se atreven a cuestionar la correcta aplicación de los códigos en sus providencias. El cuidadoso y recto jurista las ajusta estrictamente a la ley.

En eso ha sido un campeón invicto después de centenares de fallos sancionando contravenciones y corruptelas de funcionarios públicos con ejemplar entereza. ¡Viva el positivismo!

Ahora bien, si de bien servirle a la patria se trata, independientemente de si deidades están o no de por medio, la sindéresis es el mejor consejero. Los oficiosos que izan estandartes presidenciales dizque para tentar al doctor Ordóñez, quien con ecuanimidad no ha dicho ni mu, le prestan un flaco servicio a la república conjurando vanidades a destiempo.

Esos conservadores sin brújula acertarían serenándose y reenfocando sus miras para promover, con la venia del titular, por supuesto, un más adecuado destino inmediato para el señor Procurador.

Si de elecciones se trata, y ya se va acercando la hora, sería oportuno ir ambientando un segundo periodo para quien ha servido con gran distinción. En estas escaseces de hombres de bien, el encontrar uno profesionalmente impecable, de carácter recio y que aplica la cartilla, debe por lo menos infundir algún temor a los de moral laxa que llegan a la administración del Estado, en cualquiera de sus escalas, esperando solazarse con el delito impune.

Lo que le conviene al país es reelegir al Procurador.

Rodolfo Segovia

Exministro – Historiador

rsegovia@axesat.com