La modernización de la agricultura no puede cobijar con sus beneficios a la gran masa de agricultore

La paz y la seguridad están estrechamente ligadas al desarrollo económico y al progreso social; así entonces, de ninguna manera puede considerarse la reforma agraria independientemente del proceso general de crecimiento.

Por múltiples aspectos, es un prerrequisito de este e instrumento esencial de su estrategia, tanto más importante cuanto más grande sean la proporción de la población agrícola y del ingreso proveniente de este sector con respecto al total de la población y de los ingresos nacionales.

A diferencia del concepto que predominó en la mayor parte de las reformas que se implantaron en periodos anteriores, se considera ahora que los simples cambios en la tenencia de la tierra no constituyen por sí mismos un objetivo ni son suficientes. Para que la reforma pueda implantarse con éxito y genere en el proceso general de desarrollo las consecuencias que con ella se persiguen, esos cambios tienen que estar acompañados o prontamente seguidos por otros de carácter institucional y medidas complementarias de muy variado orden.

En síntesis, la reforma, considerada dentro de la estrategia del desarrollo económico general, cubre todos los aspectos del progreso de las instituciones rurales y abarca principalmente cambios en las tres estructuras siguientes: la de la tenencia de la tierra, la de la producción y la de los servicios auxiliares. A ellos deben agregarse, donde sea necesario, los referentes a aquellas instituciones que tienen relación con las anteriores, como la administración pública, la educación y los servicios de bienestar en las zonas rurales.

En lo que se refiere a la reforma en la estructura de la tenencia, el principio básico es el de que los beneficios que se deriven de la explotación de la tierra deben corresponder a quienes la trabajan. Lo anterior lleva forzosamente a la conclusión de que la reforma supone, ante todo, una decisión de carácter político.

Son muchas las circunstancias que obligan a insistir sobre la urgencia de emprender, con celeridad, la política de tierras. Mientras las realizaciones en este campo pueden señalarse para la década iniciada en 1960, parecen inferiores a las de los dos decenios que lo precedieron, el desarrollo del llamado Tercer Mundo no alcanzó las metas perseguidas y, por el contrario, la situación empeoró.

Se ha seguido ensanchando la distancia entre los países desarrollados y los otros, e igual cosa puede decirse respecto a las desigualdades internas en la distribución del ingreso. El desempleo crónico y el subempleo aumentan tanto en el campo como en los centros urbanos que reciben el desbordamiento del desempleo rural. Aún en los casos en que no han jugado un papel sustancial algunos hechos, la modernización de la agricultura no puede cobijar con sus beneficios a la gran masa de agricultores si se mantiene una estructura agrícola que no facilite el logro de ese objetivo.

La lectura de las reflexiones presentadas en esta nota debe permitir responder la pregunta: ¿son válidas y actuales para estos momentos? Hago la pregunta porque las ideas no son de mi cosecha, sino del doctor Carlos Lleras Restrepo, vertidas en el Informe del Comité Especial sobre Reforma Agraria de la ONU en 1971, comité que presidió y, por cierto, elaboró el texto final. Han pasado cerca de cuarenta años desde que se hicieron estos planeamientos, y aún en Colombia no se toma una decisión sobre asunto tan importante para la vida económica, social y política del país.