La Unidad Nacional ha muerto. Desde hace meses venía debilitándose por los continuos ataques contra las políticas del Gobierno Santos por parte del anterior mandatario y sus secuaces. Mientras Santos siguió tragándose los sapos de sus críticos y practicó el mantra de no pelear con Uribe, la coalición de Gobierno se logró mantener, por lo menos en apariencias, pero los eventos recientes confirmaron la muerte del paciente.

Primero fue el horrendo espectáculo de la aprobación y el posterior entierro del adefesio de la reforma para la injusticia, donde todos los involucrados perdieron –Presidente, congresistas y cortes–, pero, sobre todo, se resquebrajaron las relaciones entre el Gobierno y el Congreso a punto tal que se duda de la posibilidad de que en la próxima legislatura se puedan aprobar proyectos de reformas tan urgentes como la tributaria y la pensional.

Luego, vino el enfrentamiento entre el ministro Vargas y el expresidente de marras, en el que ya se rompieron los diques de la discreción y la cordura para caer en ataques personales y agresivos. Debe estar arrepentido Germán Vargas de su propuesta, después de las elecciones del 2006, cuando planteaba que el liberalismo debía abandonar su actitud de oposición e integrarse al uribismo, reconociendo que el presidente Uribe era liberal y debía ser el jefe natural del partido.

La partida de defunción de la Unidad Nacional fue la declaratoria de abierta oposición al Gobierno en el lanzamiento de la campaña electoral del uribismo, bajo el engañoso nombre de ‘Puro Centro Democrático’, que no es de centro, sino que agrupa las fuerzas más reaccionarias del país y que con hechos como la ‘Yidispolítica o las ‘chuzadas’ a la Corte Suprema han mostrado el poco respeto que tienen por las instituciones democráticas.

Por supuesto, la extrema derecha es una opción válida en las democracias, siempre y cuando no acuda a la combinación de todas las formas de lucha, como ya lo hizo en la alianza con los paramilitares de políticos que apoyaron a Uribe.

La respuesta de Santos fue la confirmación del final de la tregua: de ahora en adelante, ya no más mantra apaciguador, sino respuesta directa a todas las agresiones de Uribe.

Ya lo señaló como el causante del 42% de las noticias negativas sobre el país en el exterior, lo acusó de estar haciendo campaña electoral con la sangre de nuestros soldados, y de manera sutil y elegante, le anunció que estaba dispuesto a sacarle al sol todos los trapos sucios.

Pero Santos tiene que ir más allá.

Si los uribistas han decidido declararse en oposición al Gobierno, el Presidente no puede seguir gobernando con ellos, y deben salir de los puestos oficiales todos lo que apoyen el proyecto político del expresidente, así como deben quitárseles todas las cuotas burocráticas a los congresistas que se pasen a la oposición de derecha.

En ningún país es aceptable que el Gobierno tenga quintacolumnistas que lo están socavando, usando los carros y los presupuestos oficiales.

Es larga la lista de los funcionarios que son muy cercanos al expresidente y manejan sectores claves o con grandes presupuestos: el Vicepresidente, el Ministro de Transporte, la directora de la Agencia Nacional Minera, el embajador ante la OEA, el director del Icbf y el del Inco, o el alto Consejero para las regiones, para citar los más visibles.

Todos pueden ser excelentes funcionarios, pero lo que se cuestiona no es su capacidad profesional, sino sus lealtades políticas, pues no se puede servir a dos señores, y ellos mismos deben decidir con cuál están.

Mauricio Cabrera G.

Consultor privado

mcabrera@cabreraybedoya.com