Los subsidios son como una droga: no se pueden dejar, y cada vez se requieren en dosis superiores.

Por ello, resulta preocupante que a nivel municipal y nacional hay más programas que buscan falsear el costo de los bienes y servicios públicos.

Resulta lógico que un gobierno como el de Bogotá, de ideología populista, implemente un subsidio para estimular el consumo regalando metros cúbicos de agua.

Algunos gobiernos municipales quieren imitar al de Bogotá sin reconocer el valor cada día más estratégico del precioso líquido. Regalan el agua incluso en municipios que no tienen fuentes abundantes del mismo.

Y curiosamente, el Alcalde que regala el agua de Bogotá, se encamina a una batalla política con el Gobernador de Cundinamarca por el abastecimiento de los municipios aledaños a la capital.

Ahora se busca subsidiar el transporte público, luego el consumo de energía, el servicio telefónico y poco a poco, con argumentos demagógicos, se irá comprometiendo la estabilidad financiera de las empresas prestadoras de servicios públicos.

Subsidiar, como volverse adicto, es fácil en la etapa inicial, produce popularidad y permite elogiarse con discursos sobre el impacto popular de las supuestas políticas sociales.

Pero la economía es implacable. Cuando se manipula el sistema de costos y precios reales con subsidios, se distorsionan los mecanismos de ajuste y los déficit presupuestales se agravan. Cada vez se requiere más recursos para cubrir los faltantes.

Hasta el día en que no es sostenible y es necesario desmontar el programa por inviable. Por lo general es un gobierno diferente al que instituyó el subsidio el que tiene que corregir el desequilibrio y asumir el costo de impopularidad.

Que Gustavo Petro ande promoviendo subsidios insostenibles no es una sorpresa.

Pero que personajes como Germán Vargas, Mauricio Cárdenas o Juan Carlos Echeverri anden compitiendo entre ellos por subsidiar, sí resulta sorprendente e inquietante.

El Ministro de Vivienda ofrece viviendas “gratis”, el de Minas y Energía quiere rebajar el costo de la gasolina y el de Hacienda les acolita las ideas. Es evidente que 100.000 viviendas gratis no resuelven el déficit de vivienda que es de 2,2 millones de habitaciones.

Pero las viviendas, que no son gratis, pues las vamos a pagar con impuestos, van a romper la estructura de precios del mercado de interés prioritario. Está claro que reducir el costo de la gasolina favorece a los más ricos que no requieren subsidios, pero el Gobierno cede a la presión de los políticos liberales y les da gusto. Es evidente que ante la crisis internacional, el Gobierno debería estar apretando el gasto fiscal para reducir las necesidades de financiamiento y abrir espacio para la política monetaria.

Pero el titular de las finanzas públicas anda pensando en su futuro político, lo que lo hace impropio para imponer la austeridad fiscal.

Sería bueno que alguien les recordara a los que nos gobiernan que no todos los subsidios son buenos, que no todos los que los reciben los necesitan, y que los costos de estos programas crecen de manera exponencial hasta que se vuelven inviables.

Miguel Gómez Martínez

Profesor del Cesa

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