Ha sido un acierto indudable del presidente Santos, la designación de la nueva Ministra de Justicia, en medio del escándalo causado por el mal comienzo y peor fin de la reforma constitucional a la Justicia, que terminó convirtiéndose en el gran descalabro político y mediático de los dos primeros años de gobierno.

El nombramiento de la consejera de Estado Ruth Stella Correa tranquiliza y envía varios mensajes al Congreso, a la judicatura y al país.

No es la primera vez que una mujer ocupa la cartera de justicia. Ya habían pasado por allí Mónica de Greiff, quien con apenas 32 años asumió el Ministerio durante el gobierno de Barco, en plena época del narcoterrorismo.

En el gobierno de Samper, Alma Beatriz Rengifo, jurista de quilates y rectitud acrisolada, logró sacar en el Congreso el proyecto que revivió la extradición de nacionales, luego de que la constituyente la había prohibido.

En la coyuntura actual, cuando desde varios sectores le reclamaban al jefe del Estado el cumplimiento de la ‘ley de cuotas’, le cae bien a la administración dejar la justicia en manos de una mujer, académica y profesionalmente capacitada para enderezar el mal andado camino en los últimos dos años.

Tampoco es la primera ocasión en que un gobierno entrega el ministerio a una persona salida directamente del Poder Judicial. Carlos Lleras Restrepo nombró a Fernando Hinestrosa –nuestro nunca olvidado rector del Externado– cuando se desempeñaba como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien dejó amplia e indeleble huella en la legislación colombiana.

Virgilio Barco designó a Enrique Low Murtra, también consejero de Estado, hoy injustamente olvidado, a quien, por cierto, la mafia no le perdonó sus erguidas posiciones contra el narcotráfico ni el haber apoyado la extradición de nacionales, y lo asesinó cinco años después, cuando el Estado al que había servido lo dejó en situación de indefensión.

Antes, había nombrado al Consejero de Estado, gran jurista y profesor Eduardo Suescún Monroy, quien no solamente modernizó la legislación en materia procesal penal, sino que se atrevió a extraditar a Carlos Lehder, entonces todo poderoso capo del narcotráfico.

La nueva Ministra de Justicia, quien ha dedicado su vida al Poder Judicial desde juez hasta consejera de Estado, ha puesto el dedo en la llaga al señalar que no es indispensable cambiar la Constitución para mejorar la Justicia.

En sus primeras declaraciones, ha indicado una serie de medidas y acciones que se pueden tomar o ejecutar para descongestionar la Justicia sin el desgaste que supondría iniciar en el Congreso otro proceso de reforma constitucional.

Tiene todo el conocimiento y la voluntad para tomar los correctivos necesarios.

De paso, puede demostrarle al país cuánto daño le hicieron al Presidente los ministros que convirtieron en un ‘punto de honor’ hacer aprobar, lo que fuera, con el nombre de ‘reforma a la Justicia’, aun cuando en el fondo apuntaba más a una redistribución de poderes en las altas esferas del Estado, para lo cual, pasivamente, se permitió, además, que le colgaran toda clase de micos y orangutanes, no solamente al momento final de la conciliación.

Cuántos dolores de cabeza se hubiera evitado el presidente Santos de haber tenido una ministra como la magistrada Correa, que no le hubiese permitido embarcarse en semejante esperpento.

Alfonso Gómez Méndez

Jurista -Político

gomezgomezabogados@cable.net.co

@gomezmendezaa