El debate inicial sobre el anuncio del Presidente de entregar 100 mil casas gratis a los más pobres de Colombia estuvo mal planteado, pues se concentró en aspectos políticos e ideológicos.

El problema no es si se trata de una propuesta populista o no, ni tampoco si va a servir para la reelección del Presidente o para la candidatura de Vargas Lleras.

Las preguntas pertinentes son, primero, si se necesita un programa de este tipo y, segundo, cuáles son los mecanismos para que esta propuesta se pueda realizar de manera eficiente y equitativa.

La primera no tiene discusión. El país necesitaba urgentemente un cambio en las políticas de subsidio de vivienda para que estos puedan llegar a los más pobres.

Uno de los grandes obstáculos al esquema de subsidios parciales que se venía utilizando era la necesidad de completarlos con créditos bancarios. Entonces, para ser beneficiario había que demostrar que se era pobre, pero para acceder al crédito se debía dar cuenta que no se era tan pobre y sí se tenían recursos para pagarlo.

La nueva política va a permitir que tengan vivienda las familias que no tiene capacidad de endeudamiento, es decir, los más pobres de los pobres.

Es un importante avance en materia de equidad que va a ayudar a disminuir las grandes desigualdades de la sociedad colombiana. Es una política de clara estirpe liberal y progresista, otra sorpresa positiva para quienes temíamos que Santos solo fuera a ser un continuador de las directrices conservadoras de su antecesor.

El proyecto de Ley cambia el anuncio inicial, dado que plantea que las viviendas no serán totalmente gratuitas, sino que el Gobierno podrá exigir alguna compensación monetaria o en especie a los beneficiarios.

Contrario a lo que dicen algunos críticos, considero que este cambio es bastante conveniente porque al tener que pagar algo por la vivienda se genera sentido de propiedad y pertenencia, y permite distribuir la plata disponible para los subsidios entre más familias pobres.

En cuanto a la forma de ejecutar esta propuesta, sí hay mucha tela por cortar: ¿Cómo asegurar la disponibilidad de terrenos para la construcción?, ¿cómo evitar la especulación con el precio de la tierra?, ¿cómo abaratar las soluciones de vivienda sin que se construyan pocilgas?, ¿cómo asegurar que los beneficiarios sean los más necesitados y no se cuelen oportunistas?

La respuesta está en la vieja tesis de tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario.

Se requieren instituciones estatales sólidas, competentes y blindadas contra la corrupción para que administren con eficiencia los recursos, pero también se necesita dejar jugar a los mecanismos del mercado y, sobre todo, buscar que haya la mayor competencia posible en todas las fases del proceso.

En este sentido, no parece conveniente que la construcción de las viviendas se haga solo mediante el proceso de subastas o licitaciones entre constructores.

De una parte, son bien conocidos los riesgos de manipulación y falta de transparencia en las licitaciones públicas, y, de otra, se cierra la puerta a alternativas como constructores pequeños o, sobre todo, el mecanismo de autoconstrucción, que ha mostrado ser muy eficiente.

Es mejor alternativa que el Estado asigne los subsidios y los beneficiarios puedan elegir la vivienda que quieren tener y el constructor a quien se la compran, o si prefieren hacerlo por autoconstrucción. La mayor competencia mejora la asignación de recursos escasos.

Mauricio Cabrera G.

Consultor privado

macabrera99@hotmail.com