Sergio Calderón Acevedo
columnista

Como para polígrafo

Sergio Calderón Acevedo
Opinión
POR:
Sergio Calderón Acevedo
junio 26 de 2016
2016-06-26 06:14 p.m.
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El Presidente solicitó recientemente a sus funcionarios más cercanos, publicar sus declaraciones de bienes e ingresos, en un formato que para ello preparó alguien dentro del Gobierno. Un análisis detallado, hasta donde se puede, por la poca información que suministraron los ministros, indica que la revelación no es completa:

* Todos publicaron su datos financieros, menos el Presidente de la República y su Vicepresidente. El ejemplo empieza en casa.

* En las declaraciones de renta de quienes las publicaron, se evidencia lo que todos sabemos, pero, que nadie ataca a la hora de hacer las reformas tributarias de turno: que las tarifas de impuestos son una ficción y que nuestro Estatuto Tributario es un permisivo sistema que perpetúa la pobreza del Estado. La Ministra de Trabajo -la de la camiseta amarilla- devengó en el 2014 casi $1.000 millones, y solo pagó $16 millones en imporenta. Una tarifa efectiva de 1,6% para ricos, es una aberración que debe ser extirpada en el Congreso. Hay que examinar si esas ‘rentas y ventas’ provienen de su patrimonio, valorado en 2,3 millardos. ¡Qué activos tan rentables!

* Los activos en Colombia son sobrevaluados a la hora de venderlos, en especial al Estado, pero vulgarmente subvaluados al declararlos para pagar impuestos. Extensas fincas de 100 millones, inmuebles urbanos en los mejores barrios por 300 millones, inmuebles en el exterior que valen millones de dólares, declarados por pocos millones de pesos.

* Hay una evidente cultura de ocultamiento en toda Colombia, no solo en el gabinete. Hay tantas incoherencias en las declaraciones, que esta breve columna no alcanza para describirlas. El ejemplo más evidente: un miembro del gabinete, conocido por las extensas y rentables propiedades de su familia, declara bajo juramento que su patrimonio vale lo que cuesta un vehículo de alta gama. En su documento declara tener únicamente una cuenta corriente, una cuenta de ahorros y unos aportes en un fondo de pensiones, todo en Colombia. Y falta no solo la valoración de su participación en el emporio económico paternal, sino el valor que le corresponde en su próspera sociedad conyugal.

El acto mediático, montado alrededor del tema, no mencionó que la información suministrada está reglamentada desde la Ley 190 de 1995, pomposamente titulada “por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa”. Su Artículo 13 establece que “será requisito para la posesión y para el desempeño del cargo la declaración bajo juramento del nombrado, donde conste la identificación de sus bienes”.
Y el Artículo 14 establece que deben ser declarados los ingresos, las cuentas en Colombia y en el extranjero, la calidad de socio y miembro de juntas directivas, información sobre existencia de la sociedad conyugal y la relación actualizada de bienes patrimoniales.

Todos los documentos publicados esta semana deben ser debidamente revisados por la
Dian para detectar inconsistencias y posible evasión, la cual, desafortunadamente, no es delito en Colombia. Pero también por la Procuraduría, para verificar que todo lo manifestado bajo la gravedad de juramento sea verdad, pues el perjurio sí es un delito, según el Artículo 422 del CPC. En este país lleno de normas, no creo que haya muchos mentirosos en la cárcel.

Sergio Calderón
Economista / sercalder@gmail.com

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