Vivir en sociedad exigiendo el cumplimiento de derechos a partir de los cuales se construyen oportunidades individuales y bienestar colectivo, implica atender pactos u obligaciones que la sociedad ha establecido con el fin de garantizarlos. Colombia está frente a un panorama fiscal complicado por los menores ingresos petroleros, que de no corregirse implicará que se incremente la inflación y la devaluación, se pierdan empleos y se ahuyente la inversión, además de los efectos sobre el gasto social dirigido a combatir la pobreza.
El Gobierno por fin reveló sus cartas para resolver este difícil estado de cosas con la presentación del proyecto de reforma tributaria, orientado a atender los retos en materia de salud, educación, vivienda, infraestructura, entre otros; pero a la vez a que el país sea más atractivo para la inversión, incremente la formalidad, y tenga una estructura fiscal equitativa para ser competitivo a partir del desarrollo de sus regiones, sus empresas y su gente.
En este sentido, hay que resaltar que disminuye la hoy elevada carga sobre las empresas para estimular la inversión y amplía la base para que no graviten los impuestos sobre los mismos, pues el 80% del impuesto de renta es pagado por el 1% de las compañías; con el monotributo voluntario simplifica la tributación de los pequeños comerciantes para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y favorecer su formalización; y establece incentivos para nuevas empresas en zonas afectadas por el conflicto para cerrar las brechas de desigualdad.
Con todo, lo que más genera discrepancias son el aumento del IVA, no obstante que no se gravaría la canasta familiar, y los impuestos a las bebidas azucaradas, por lo cual será necesario generar un análisis de fondo sobre estos tópicos. De otro lado, es bueno que se proponga que el IVA no se aplique en la adquisición de activos fijos usados en la actividad productora de renta, pues incentiva el fortalecimiento empresarial.
Son muchas las propuestas objeto de análisis público. Lo importante es resaltar el esfuerzo por racionalizar la carga, generar equidad y evitar que algunas actividades económicas realizadas por entidades no empresariales compitan deslealmente al no tributar.
Se critica que en el país los impuestos no se convierten en herramienta para atacar la desigualdad. De ahí la importancia de velar porque el gasto se haga de manera equitativa y se combata la corrupción. Y así conjurar el argumento de algunos, que se justifican diciendo que no pagan impuestos porque se los roban, llevando a que el país exhiba cifras de evasión del IVA del 23%, del impuesto de renta del 39% y del 27% en protección social, perdiendo ingresos tributarios equivalentes a 4,3 puntos del PIB.
Es por esto que las propuestas de la reforma deben ser objeto de un análisis serio y racional y, sobre todo, evitar que sea usada como ‘caballo de batalla’ político para que no caiga víctima de la desinformación, como ocurrió con los acuerdos en La Habana.
Porque, al igual que la paz, que esperamos se concrete con prontitud, el futuro del país depende de su fortaleza fiscal. Y esto pasa por entender que es fundamental que todos honremos nuestras obligaciones y trabajemos en una cultura de cumplimiento tributario, con el fin de evitar que los deberes públicos, que sustentan los derechos que exigimos al Estado, recaigan en unos pocos.
Julián Domínguez
Presidente de Confecámaras
