En el trasfondo de algunos de los episodios recientes hay quienes ven el peligro de que presiones indebidas puedan atentar contra la independencia de estos funcionarios, cuando sus decisiones chocan con grandes intereses económicos. La independencia y autonomía de las superintendencias se pone a prueba todos los días y aunque no les ha temblado la mano cuando se trata de imponer multas, objetar integraciones o decretar sanciones, en algunos casos los funcionarios se ven expuestos a presiones de los afectados. El ex Superintendente de industria y comercio, Emilio José Archila sale al rescate de la rectitud y el profesionalismo de los funcionarios a cargo de la institución de vigilancia y regulación estatal. “Actúan con verdadero patriotismo, con increible sentido técnico”, afirmó Archila, aunque reconoce que pueden darse presiones indebidas porque en sus decisiones están en juego muchos intereses económicos. Emilio Archila admite que en su momento, dejó la Superintendencia, cuando sintió que no había la suficiente garantía o respaldo del Gobierno para actuar conforme a la regulación existente. Uno de los casos más polémicos sobre decisiones de la SIC, ocurrió justamente con él, al desaprobar el negocio de integración entre Aces y Avianca. Cabe recordar que fue recusado por las aerolíneas y que finalmente el ministro de Desarrollo de ese momento, Eduardo Pizano, aceptó la recusación. Archila en el 2001, se declaró decepcionado por la falta de respaldo por parte del Gobierno y renunció. Otro caso más reciente es lo sucedido con el ex superintendente Financiero, Augusto Acosta, pues su salida intempestiva de la institución, dejó la sensación, no desmentida plenamente, de que fue objeto de grandes presiones por parte de los vigilados. Antes de su retiro, Acosta reconoció que hubo decisiones delicadas que tomó y que probablemente dejaron inconformes a muchos de los vigilados. Pero lo advirtió tajantemente “Yo no entré a un reinado de belleza… Es posible que haya pisado callos en las investigaciones y sanciones que se hicieron”. Pero advirtió que todo se hizo objetivamente y nunca como una labor policiva. Su sucesor, el nuevo Superintendente Financiero, César Prado, es consciente de que hay presiones que hay que ‘capotear’ como lo han sabido hacer quienes han estado al frente de esta dependencia. Para Eva María Uribe, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, los riesgos a los que se enfrentan cuando toman decisiones delicadas que requieren independencia y buen criterio, son evidentes. “Las actuaciones de las Superintendencias pueden conllevar sanciones, multas y aún toma de posesión de las empresas o entidades vigiladas. La actividad de una entidad de vigilancia y control puede, en ejercicio de su defensa del interés público y del ciudadano, fácilmente entrar en contradicción con grandes intereses económicos, con motivaciones políticas diversas o entrar en conflicto con los posibles beneficiarios de lo que eventualmente se debe vigilar, controlar o sancionar”. En efecto, en aras de proteger el interés del ciudadano o castigar conductas lesivas de la competencia o penalizar abusos, “se pisan callos”, afirma. Y AHORA, MOCIÓN Como si no fueran suficientes las presiones de los intereses económicos, la independencia técnica de las superintendencias se podría ver en tela de juicio, con el acto legislativo mediante el cual se reformó la moción de censura para los ministros, que incluyó también a la institución de la regulación y la supervisión estatal. Por primera vez en Colombia habrá moción de censura contra los superintendentes, lo que podría dejarlos desprotegidos frente a delicados procesos que adelantan. El presidente Uribe anunció una contrarreforma. El ministro del Interior, Carlos Holguín, anunció que presentó al Congreso el pasado 30 de julio, una iniciativa a través de la cual se pide derogar el Acto Legislativo 01 de 2007, a través del cual se modificó la moción de censura, que entraría en vigencia desde enero del 2008. Para el ex superintendente bancario y ex ministro de Estado, Néstor Humberto Martínez Neira, la censura para las superintendencias no es más que un barbarismo institucional. “Por definición, los superintendentes ejercen funciones de alta policía, que deben permanecer al margen de la interferencia política. En el futuro, la moción de censura servirá para intimidar a estos funcionarios, hoy autónomos, por parte de los sectores que suelen resultar afectados por sus sanciones. Basta pensar, por ejemplo, la interferencia que podrá ejercer en adelante el Congreso frente a las decisiones de la SIC o de la Superfinanciera, en defensa de la competencia o del ahorro público, para las que hasta ahora resultaba suficiente el respaldo presidencial”. Considera Martínez Neira que “la moción de censura es una ventana a través de la cual se puede introducir la politiquería al salón de las superintendencias, que hasta ahora han permanecido inmaculado. Es decir, expuesta la independencia y la técnica, a la acción de la clase política y, por supuesto, a sus insaciables demandas”. SIC: QUE LIOS La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene a su cargo algunos de los más sonados casos empresariales del país. Sólo el control que ejerce la entidad sobre las integraciones empresariales, que se han acentuado por el interés de las compañías extranjeras en el país y la necesidad de las firmas locales de ganar competitividad mediante un mayor tamaño, obliga a pedirle un aval previo. Las multinacionales también se están uniendo a nivel internacional y para contar con operaciones en Colombia, deben pasar bajo el ojo avizor de ese organismo. Sin embargo, se han encontrado con un ‘hueso duro de roer’ que se aplica en estricto derecho para que no violen las normas antimonopolio o su fusión conduzca a un abuso de posición dominante en el mercado, en perjuicio de otras empresas o de los consumidores. El superintendente Jairo Rubio Escobar, quien lleva 4 años en su cargo, señala que no ha tenido presiones y ha trabajado con total independencia. Es habitual que le lleguen a sus oídos reclamos de empresarios que lo tildan, entre otras cosas, de oponerse a que las empresas colombianas ganen competitividad, si rechaza o condiciona una integración. “Es un derecho legítimo que me critiquen y se opongan, pero no tengo interés ni de ir al sector privado ni político, mis decisiones son en derecho”, sostiene. Según sus estimativos, de las fusiones que se presentan el 95 por ciento pasa sin problemas y el 5 por ciento se desaprueba o condiciona. Entre los procesos más complicados adelantados por esta entidad, está el caso de la mexicana Mexichem que anunció a comienzos del año la compra de dos empresas colombianas, Pavco, productora de tubería de PVC y Petco, productora de la materia prima con la que se fabrican estas tuberías. La SIC se opuso a la compra de Pavco, por parte de Mexichem, argumentando que generaría una posición dominante en el negocio de resinas de extrusión e inyección de tubos de PVC. El hecho de que Pavco y Petco pertenezcan al mismo dueño podría cerrar el acceso a las otras compañías que elaboran tubos, según argumentó la SIC. - Otro caso en el que ha intervenido la Superindustria tiene que ver con la compra que hizo Postobón al Grupo Bavaria, de la Productora de Jugos S.A. Aunque esta negociación fue aprobada, tuvo una condición: que el comprador entregue en licencia o venda la marca Tutti Frutti por 12 años. -La SIC también abrió una investigación para determinar si Telmex violó las normas de libre competencia, al no informar de la integración de los operadores de televisión por suscripción Superview, TV Cable y TV Cable del Pacífico. La entidad había expresado su preocupación por la manera como la Comisión Nacional de Televisión (Cntv) autorizó a Télmex la adquisición de estos operadores de TV y podría llegar inclusive a reversarla. -Otra decisión de la entidad este año fue la negativa a la integración de las sociedades Linde (Alemania) y The Boc Group (Gran Bretaña), matrices de Aga Fano y Cryogas, empresas que producen y comercializan gases industriales y medicinales. En el mercado sólo existe como competidor, Oxígenos de Colombia, y la integración, según la SIC “cambiaría las condiciones del mercado. Podría tener consecuencias negativas para el sector salud porque las empresas fabrican y comercializan oxígeno y nitrógeno, considerados vitales para la salud de los colombianos pertenecerían a un solo dueño”, dijo. -La SIC aprobó las peticiones de CSN, Arcelor y Votorantim para adquirir el 52 por ciento de Acerías Paz del Río, antes de que se llevara a cabo la subasta para vender esta participación accionaria. Sin embargo, al grupo Gerdau, dueño de Diaco y Sidelpa -dos acerías que operan en el mercado colombiano-, le condicionó esta solicitud en su momento porque configuraba una posición dominante en algunas líneas de producción.Tras la apelación, la SIC aceptó que Gerdau ofreciera en venta a sus competidores equipos que les permitiera montar una pequeña siderúrgica. Aunque Gerdau aceptó, fue vencida en el martillo por Votorantim. -En el comercio también la SIC ha actuado. Para que Almacenes Exito pudiera comprar a su rival Carulla Vivero, la Superintendencia obligó a la primera a ofrecer en venta algunas marcas de sus formatos y varios almacenes que por su proximidad generarían restricciones a la competencia. Finalmente, Olímpica se quedó con 11 almacenes y se cumplieron las exigencias de la entidad. -En el 2006, la Superintendencia aprobó que la facturación e ingresos de los productos Gatorade la hiciera Productos Quaker Ltda., empresa de PepsiCo, directamente, a través Postobón S.A. o un mandato de representación. Pocos meses antes las había investigado por una supuesta integración no reportada para la distribución y comercialización de Gatorade. -A finales del 2004, el organismo negó la integración de Procter & Gamble y Colgate, la cual consistía en la adquisición por parte de la primera de marcas de la segunda (Lavomatic y Superdet), y el uso de la marca Fab. La SIC fundamentó la decisión en que la integración restringiría indebidamente la libre competencia y podría prestarse a prácticas monopolísticas. -La Superintendente Delegada de Competencia expidió en julio un informe en el cual señala que las cementeras, presuntamente, se pusieron de acuerdo cuando el precio del insumo llegó a costar 7.000 pesos, después de estar por encima de 20.000 pesos. Para entonces, Cementos Andino, una cementera independiente y la principal afectada por la caída en la cotización, pidió a la Superintendencia una investigación para determinar si se estaba presentando un acuerdo de precios para sacarla del mercado. Aunque la guerra de precios concluyó en el 2006 cuando Cementos Argos, con 51 por ciento del mercado, adquirió los activos de Andino y su filial Concrecem por 192 millones de dólares, la entidad siguió con la investigación, pues para esa fecha los precios volvieron a subir. Un directivo de una de las cementeras investigadas dijo que ya presentaron sus alegatos ante la entidad, pero se mantienen en su posición de que acordar precios no está dentro de sus prácticas empresariales, por lo que esperan una decisión su favor. También manifestó su preocupación porque ahora que tuvieron que reajustar precios en cerca de 5 por ciento -argumentando un aumento en los costos mano de obra, materiales y la energía, que han superado el 10 por ciento- la SIC la investigue. También los funcionarios de los grupos cementeros temen que encontrarse en los pasillos de los eventos se preste a investigaciones. DECISIONES DE SUPERFINANCIERA La Superintendencia Financiera (antes bancaria) atiende una de las áreas en donde las decisiones de los funcionarios más fácilmente pueden entrar en contradicción con los intereses de los vigilados. El saliente superintendente, Augusto Acosta, tuvo que tomar muchas de las decisiones difíciles. A los banqueros, por ejemplo, no les gustó para nada la decisión relacionada con el nuevo marco normativo sobre provisiones que obliga a los establecimientos de crédito a incrementarlas de manera significativa. Los banqueros consideraron que eran exageradas y que serían perjudiciales para el sector. El Superintendente se mantuvo firme en los plazos y en la norma. Otro asunto que molestó en su momento al sector bancario fue la decisión de la Superintendencia de modificar las tasas de usura a comienzos de este año, a través de lo cual, de un 'plumazo', se provocó una baja en los intereses para consumo. Esto no le gustó a la banca, sin embargo en este caso, la Superintendencia en la misma semana corrigió la certificación y dejó más contentos a los bancos. En las sanciones y multas que quedaron en firme, sí que hubo malestar. El Superintendente Acosta puso una de las mayores multas a un vigilado, en muchos años. Suramericana de Seguros recibió una multa pro 1.000 millones de pesos, con una cifra como esta no resulta extraño que se hayan pisado callos duros, reconoció el propio Acosta. Esta investigación comenzó en el 2004, cuando se impuso la multa que fue apelada por Suramericana de Seguros. La investigación adelantada por la Superintendencia concluyó que Suramericana de Seguros se excedió en el cupo máximo permitido en ciertos créditos. Las 300 multas impuestas por la Superintendencia en los últimos 18 meses han 'caído' entidades vigiladas de diferente naturaleza. De acuerdo con la Superintendencia han sido sancionados desde bancos, fiduciarias, AFP, comisionistas de bolsa y compañías de seguros. El año pasado de las 181 multas 2 fueron a comisionistas, 8 a emisores, 59 a establecimientos de crédito, 59 a aseguradoras y 53 a AFP y fiduciarias. Otro de los casos que más ha sonado en estas investigaciones es el relacionado con Dann Regional Compañía de Financiamiento Comercial. La Superintendencia encontró que se presentó una capitalización que sobrepasó el límite del 10 por ciento por cada beneficiario, en cuyo caso el código exige autorización de parte de la entidad de vigilancia. Por tanto se ordenó devolver la operación. SUPERSALUD Y EL ISS La Superintendencia de Salud ordenó el retiro de la licencia a la EPS más grande del país, la estatal Instituto del Seguro Social, ISS, el tema que parecía de rápida ejecución, se ha tomado más tiempo del presupuestado y ahora va rumbo a completar un año. El reto de la Súper es garantizar que durante ese período la atención en una entidad que ya está desahuciada no decaiga. Con fundamento en las nuevas obligaciones entregadas por la reforma a la ley de la salud, la Supersalud inició una investigación al Fosyga, ente que administra todos los recursos de la salud que suman cerca de 18 billones de pesos anuales y al que se le culpa de buena parte de los males, por su negligencia en la administración y giro de los recursos. En diferentes fallos judiciales de las altas cortes se le ha conminado al gobierno a que refuerce ese encargo fiduciario y que destine la cantidad de profesionales que se requiera para que el giro de recursos al sistema de salud se haga de manera oportuna, pero hasta la fecha no se ha logrado. La Súper pretende identificar los puntos de congestión y ordenar su corrección. Ese tema será de gran controversia debido a que el Consejo de Estado ya indicó que los recursos de la salud no pueden ser invertidos en TES por que se trata de recursos que deben ser ejecutados en cada vigencia. Además, en la actualidad cursan 36 auditorías a igual número de EPS del régimen subsidiado y del contributivo, para establecer su grado de eficiencia se espera que el país conozca los resultados en octubre próximo. SUPERSUBSIDIO: PODEROSAS CAJAS Debido a las nuevas tareas que le han sido encomendadas a las cajas de compensación familiar, la Superintendencia de Subsidio Familiar, también se tuvo que plantear una reestructuración para estar a la altura de las nuevas exigencias. La incursión de las cajas en salud, educación superior, manejo de vivienda de interés social, implica que la entidad tenga que ampliar su capacidad de vigilancia y gestión. Así mismo las cajas que planean incursionar en la creación de la EPS que reemplace al Seguro Social, deben presentar de manera individual una serie de requisitos previos al arranque de la entidad para obtener la aprobación de la supersubsidio. EN SERVICIOS PÚBLICOS Y ECONOMIA SOLIDARIA La toma de posesión de empresas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en los casos de Emcali, Emsirva, Electrolima, Telecomunicaciones de Barranquilla, la empresa de agua de Cúcuta, las de agua y energía de San Andrés ha sido una de las decisiones más difíciles que ha tenido que adoptar la entidad. En razón de dichas intervenciones la Superintendencia, ha sido objeto de demandas penales o de denuncias ante otros órganos de control como la Contraloría y la Procuraduría. La Superintendente, Eva María Uribe afirma que hasta ahora todo ha salido bien, pero reconoce que estas demandas le han requerido un gran desgaste de tiempo y de dinero, “pero lo he tomado como algo propio del oficio”. Para la funcionaria, es claro que la Superintendencia desarrolla una función muy importante de vigilancia de los grandes conglomerados de servicios públicos. - Uno de los temas de mayor importancia que ha manejado la Superintendencia de la Economía Solidaria es el de las investigacio- nes sobre los manejos irregulares que algunas Cooperativas de Tra- bajo Asociado, CTA, han venido realizando asemejándose a em- presas de intermediación laboral y que les está prohibido. Inicialmen- te se había anunciado que la enti- dad adelantaría los procesos de indagación a la forma como unas CTA (cerca de 120) venían violando la ley al actuar como empresas de servicios temporales evadiendo algunos impuestos parafiscales. Otro de los temas 'gordos' en el que tuvo que actuar fue en la intervención de Coopde- sarrollo, que en el 2005 registró causales de inter- vención. Sin embargo, el proceso desbordó a la entidad, que en últimas sólo tuvo que ser el nominador de la inter- vención por instrucciones del Minhacienda y Fogafín. La moción de censura es una ventana a través de la cual se puede introducir la politiquería al salón de las superintendencias, que hasta ahora ha permanecido inmaculado”. Néstor Humberto Martínez, ex superintendente bancario. Los superintendentes en las distintas áreas en Colombia actúan con verdadero patriotismo y con un increible sentido técnico, Emilio José Archila, ex Superintendente de Industria y Comercio, SIC, quien en su momento se opuso a la fusión de las aerolínea Aces y Avianca. Es un derecho legítimo que me critiquen y se opongan, pero no tengo interés ni de ir al sector privado ni político”, Jairo Rubio, SIC